Seguridad: una voz experta en un mar de opinión
¿Cuáles son las grandes tensiones que ve usted en el debate sobre el tema de seguridad ciudadana?
Más que tensiones, quiero hablar de falsos dilemas. El primero es entre hacer política social o hacer política de seguridad. Es falso porque, primero, la carga y los costos del crimen y de la violencia recaen desproporcionadamente sobre la gente más pobre. Y segundo, porque a los que abogan por solo hacer políticas de seguridad, les falta entender que la mejor política de seguridad a largo plazo es mejorar las condiciones de pobreza y desigualdad. Por ejemplo, impulsar políticas de educación o programas tempranos de salud en menores de edad que les den oportunidades de generación de ingresos legales para que no entren en carreras criminales. Están errados quienes promueven solo políticas sociales y piensan que la inseguridad es un tema que solo afecta a las personas más adineradas, y también quienes creen que la política social no importa para los temas de seguridad.
¿Qué otro dilema ve?
Otra falsa tensión existe entre quienes creen que hacer prevención de la delincuencia con programas de resocialización, de prevención de la delincuencia juvenil, de justicia restaurativa es excluyente del fortalecimiento de la judicialización, la investigación criminal, la inteligencia, y la desarticulación de estructuras criminales. Ambas no son líneas de acción sustitutas, sino complementarias. Cuando uno la única herramienta que tiene o que cree que tiene es un martillo, todos los problemas los empieza a ver como puntillas. Mientras que, si uno tiene en cuenta que tiene diferentes herramientas, pues empieza a diferenciar los problemas y utiliza las herramientas adecuadas para enfrentarlos.
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“Están errados quienes promueven solo políticas sociales y piensan que la inseguridad es un tema que solo afecta a las personas más adineradas, y también quienes creen que la política social no importa para los temas de seguridad”. |
Frente a esa tensión, hay quienes insisten en que el tema es el aumento de penas. De hecho, el Gobierno acaba de radicar un proyecto de ley en ese sentido.
No creo que el debate sea poner penas altas con la probabilidad de condenas bajitas o poner penas bajas con alta probabilidad de condena. Más que aumentar las penas, es clave aumentar la certeza con la que se imponen penas para personas que son condenadas para que realmente perciban el costo de delinquir. Un ejemplo de ineficiencia es la inexistencia, hoy, en el sistema judicial, de una base de datos consolidada de procesos penales y de decisiones judiciales en materia de política criminal. Tampoco hay un tablero de control del sistema de política criminal. Y dicho sistema tiene cuatro eslabones que se deben articu- lar: la Policía, la Fiscalía, el sistema judicial y quien administra las penas, que es el INPEC.
¿Es esta falta de articulación la que genera problemas de legitimidad de la policía y del sistema judicial?
Sí, y esa ilegitimidad termina también con la ciudadanía polarizada o apoyando iniciativas como cadena perpetua para violadores de menores que, por ejemplo, en nada ayudan a pre- venir este delito. Ayudaría mucho es que las penas sean tal vez iguales, pero mucho más certeras. Hay procesos de investigación criminal o procesos judiciales en contra de delincuentes muy peligrosos que en los juzgados llevan años sin ninguna decisión. Ese es un problema de eficiencia del sistema de política criminal.
¿Generar esa eficiencia depende de voluntad política, de una reforma legislativa, o de qué?
Muchas de las iniciativas recaen sobre el Consejo de Política Criminal que lo lidera el presidente con el ministro de Justicia. En ese Consejo debería haber un liderazgo del Ejecutivo que supusiera también trabajo legislativo, adecuaciones a la Ley 906, al sistema penal acusatorio, entre otros. Hoy en día, parte de la administración de Justicia está totalmente desarticulada de la política criminal, comenzando por las bases de datos. Por ejemplo, la base de datos de procesos penales en curso en el sistema judicial no está conectada con la de la Fiscalía. Con esa articulación, uno podría identificar datos de cualquier persona, como contravenciones de policía, delitos, capturas, investigaciones, y ponderar decisiones más certeras frente a eventuales eventos de reincidencia criminal.
La independencia del sistema judicial, que hay que respetar, no se debe confundir con desarticulación de la cadena de política criminal.
Hay otro debate, digamos, que siempre sale a la luz en periodos electorales, que es el del aumento de policías en ciudades como Bogotá. ¿Es una apuesta viable si se considera la posibilidad de que los territorios aporten?
Esa es una salida inviable porque cuando se ha planteado el Ministerio de Hacienda no solo pide a los territorios recursos para garantizar el sueldo de más policías durante cuatro años, sino que pide garantizar la partida presupuestal y las vigencias futuras para garantizar los gastos que van desde la escuela de formación de esos policías hasta el mo- mento en que se pensionan. ¿Y si el siguiente alcalde no quiere seguir con esa inversión en policía?
Creo, además, que pensar en descentralizar la policía es una pésima idea. Ahí está el caso de México que tiene ese esquema: la corrupción es gravísima y la preparación de los cuerpos municipales y estatales de policía es perversa.
Pero ciudades como Bogotá tienen un déficit profundo de policías...
Eso es innegable, Bogotá sí tiene un déficit crónico de fuerza policial. Colombia tiene 354 policías por cien mil habitantes, mientras que Bogotá tiene 234, es decir 120 menos por cada cien mil habitantes. Contrasta con Bucaramanga, que, por ejemplo, tiene 650 policías por cien mil habitantes. Es clave que haya una nueva distribución del número de policías en el país. En todo caso, hay otros factores. Mi colega Santiago Tobón ha insistido, de manera acertada, en que no solo debemos aumentar el pie de fuerza, sino también disminuir la demanda por servicios de policía que nada tienen que ver con seguridad.
¿Elaboramos esa idea?
Una cosa es la oferta de servicios de policía, el número de policías que hay, formados por especialidad, etcétera. Y otra cosa es la demanda que como sociedad hacemos de los servicios de policía. ¿Qué hacía la policía el año pasado en Bogotá haciendo control de tapabocas? ¿Verificando el ruido en establecimientos? ¿Cuidando un partido de fútbol? Como sociedad, tenemos que quitarle funciones a la policía. Funciones como control de ruido, o control de medidas sanitarias en la pandemia, pueden estar a cargo de los gobiernos locales. Y el control de eventos privados como el fútbol y los conciertos debe estar a cargo de los privados. El Código de Policía está lleno de contravenciones que deberían vigilar los entes municipales.
Cuando usted fue secretario de Seguridad planteó la recuperación de los espacios públicos en la generación de seguridad. Después de la pandemia, las ciudades están empobrecidas, pero la inversión en urbanismo difícilmente será considerada una prioridad...
Está demostrado que en donde hay mayor orden y limpieza, hay mayor sensación de que hay una autoridad controlando que las cosas funcionen, por un lado, y hay más ocupación del espacio público, por el otro. Ambas cosas generan mayor seguridad. En Bogotá lo que hicimos en su momento fue trabajar muy de la mano con la Secretaría de Hábitat, con el IDU, con la Secretaría de Cultura, para promover mejoras en el espacio público y renovación urbana. Aumentar la frecuencia, por ejemplo, de la recolección de basuras y mejorar la iluminación de espacios públicos en puntos calientes, logró reducir de manera importante la criminalidad en los lugares intervenidos. Pensar que la renovación del espacio público no tiene efecto sobre la inseguridad es desconocer la evidencia. Creo que esa relación se ha descuidado en Bogotá en la actual administración.
Volvamos a las dicotomías: otro dilema que se plantea es el de la percepción y la realidad frente a las cifras de seguridad.
Hay una desconexión aparente entre las cifras objetivas y las subjetivas sobre seguridad. Estas últimas se construyen a partir de encuestas. Pero digo aparente porque cuando uno mira de manera más específica las zonas más inseguras, por ejemplo, en Bogotá, sí son las zonas con mayor percepción de inseguridad. No es que la mayor delincuencia lleve, única y exclusivamente, a mayor percepción de inseguridad, sino que si la gente no se siente segura, ocupa menos los lugares públicos y se propician condiciones para la inseguridad.
En términos de salidas ¿qué medidas urgentes deberían tomar alcaldes y gobernadores para mejorar la seguridad?
Es clave poner a andar la herramienta Prisma de predicción de riesgo de reincidencia criminal para la solicitud de medidas de aseguramiento. Esa herramienta quedó montada hace tres años en la Fiscalía y no está siendo utilizada. Prisma permite que un fiscal pueda conocer, en pocos segundos, todo el historial delictivo de una persona que ha sido capturada: ¿cuántas capturas tiene? ¿En qué fechas, en qué lugar, en qué ciudad, en qué calle, en qué dirección la capturaron? ¿Cuántos procesos tiene en la Fiscalía? ¿En qué está cada proceso? ¿Se le ha solicitado medidas de aseguramiento?
Tendríamos otro panorama si esa herramienta se estuviera utilizando y permitiría a fiscales y a jueces determinar quiénes son las personas que realmente son un peligro para la sociedad para dictar medidas de aseguramiento intramural más justas y también más eficientes. Hoy, utilizamos una gran parte de los cupos carcelarios en personas que tienen bajo riesgo de reincidencia criminal, y no se cobijan con esta medida delincuentes con altísimo riesgo de reincidencia y que representan, objetivamente, un riesgo alto para la seguridad ciudadana. Más que un enfoque que solo se centre en medidas punitivas, insisto, la construcción de salidas a la inseguridad ciudadana debe partir de la eficiencia en el uso de los recursos escasos del sistema de política criminal: policías, fiscales, bases de datos, jueces, cupos carcelarios, etcétera.
* Politóloga y periodista, exeditora de política en Revista Semana.
