¿Tenemos el vaso medio vacío o medio lleno?

Dentro de los economistas que representan a la nueva generación, pocos se destacan tanto como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Sin haber cumplido todavía los 45 años, este graduado del colegio público Camilo Torres y de la Universidad de los Andes, con estudios de posgrado en la Universidad de Chicago, encabeza el tanque de pensamiento más respetado de Colombia. Como es usual entre los profesionales del sector, Mejía trabajó en el Banco de la República, el ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, entidad que dirigió en la parte final de la segunda administración de Juan Manuel Santos. Dotado de una gran facilidad de expresión y un buen sentido del humor, este padre de una adolescente y una niña, casado hace 22 años, mezcla la rigurosidad de la academia con un gran olfato por la oportunidad. Más allá de la que ya es una prestigiosa carrera, no hay duda de que este bogotano tiene mucho futuro. 

¿Cómo describiría la coyuntura por la que atraviesa Colombia?

Como razonablemente buena, considerando las circunstancias. Mejor, en todo caso, de lo que muchos, que se dejaron contagiar por el pesimismo, esperaban y no tan buena como quisiera el Gobierno. Todo esto en un contexto internacional que todavía luce relativamente desfavorable. Es verdad que, a diferencia de los dos años previos, ya no somos una de las economías más dinámicas de América Latina, pero no estamos lejos del promedio.

¿Qué le inquieta?

Tal vez la preocupación más de fondo no tiene tanto que ver con las cifras actuales, sino con los elementos de riesgo que estamos identificando. En concreto, la caída en la inversión privada, el desempeño de la inversión pública o el lento ajuste del déficit fiscal, eventualmente podrían afectar el crecimiento económico de manera sostenible y la generación de empleo hacia adelante. 

Parecería que las probabilidades de una recesión, definida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, son elevadas…

Eso no lo estamos viendo en nuestro escenario central. Nosotros ya habíamos anticipado desde el año anterior que la economía iba a tener un comportamiento poco dinámico por los factores señalados, a los que se agregan los efectos del apretón monetario del Banco de la República. Justamente, estimamos que el segundo trimestre de 2023 iba a ser el menos dinámico, como en efecto ocurrió con el dato de 0,3 % frente al de igual periodo del año previo que reveló el Dane. Aun así, pensamos que este semestre la economía debería expandirse en 1,3 %, que no es una gran cifra, pero que igual no constituiría una recesión.

¿A qué le atribuye esa sensación presente en muchos analistas de que el motor de la economía tenderá a girar menos rápido en el futuro?

Aquí vale la pena mirar los antecedentes, porque el mensaje fundamental es que la de Colombia fue la economía que más creció en el periodo pospandemia, entre las naciones más grandes de América Latina. Cuando se miran los componentes de la demanda, queda en evidencia que el consumo privado ganó una gran participación y llegó al equivalente del 75 % del tamaño del Producto Interno Bruto, un nivel que nunca habíamos tenido en nuestra historia. A su vez, la inversión —definida como la formación bruta de capital fijo— perdió peso. Esa recomposición estuvo relacionada con una política monetaria muy expansiva y una política fiscal también expansiva. De un lado, el Banco de la República se demoró más que sus pares en subir los intereses, mientras que el gasto público no se moderó. Ahora la realidad es diferente, lo cual, combinado con señales de políticas públicas que causan incertidumbre, hace que muchas cosas sean distintas.

Mejía lideró el estudio Qué hacer en políticas públicas, previo a las últimas elecciones presidenciales. Se trata de un derrotero para enfrentar lo crítico en Colombia de acuerdo a Fedesarrollo. 

¿A qué se refiere?

A las inquietudes respecto a tres sectores que son fundamentales para la inversión privada a nivel macro. Me refiero al minero-energético, que impacta la inversión extranjera y las cuentas fiscales, en donde todavía no se ha resuelto el interrogante respecto a la firma de nuevos contratos de exploración. Los decretos expedidos al amparo de la emergencia declarada para la Guajira tampoco envían las señales correctas para los generadores de energía. En segundo lugar, está la construcción de infraestructura afectada por decisiones como la de no subir el nivel de los peajes, algo que va al corazón del modelo de concesiones. Y tercero, el ramo de la vivienda que registra caídas cercanas al 60 % en áreas como la vivienda de interés social y prioritaria, por cuenta de los ajustes a la política de subsidios y, obviamente, las mayores tasas de interés. Cuando se suma todo eso, aparece una falta de certidumbre regulatoria que se reflejará en el menor ánimo de emprender proyectos. Cualquier economista sabe que lo que determina el crecimiento en el mediano plazo es el comportamiento de la inversión y, en especial, la privada.

¿Y el riesgo político?

Ese también es muy importante. Claramente, hace parte de los determinantes de la inversión. Tuve una discusión con el Presidente Petro por redes sociales, porque él afirmó que lo más importante para que la inversión crezca es la tasa de interés, por lo cual el Banco de la República debería proceder a bajarla. No hay discusión en que el costo de uso del capital es importante, pero lo que uno aprende tanto en la teoría como en la práctica económica es que la certidumbre en las reglas de juego es absolutamente clave. En un plano general, lo que ha pasado con los impuestos corporativos, que en las dos últimas reformas tributarias subieron con fuerza, no ayuda. Tampoco lo hace la propuesta de reforma laboral que aumentaría el costo del empleo formal. Tales factores tienen un rol muy importante en el cálculo de la rentabilidad esperada de un nuevo proyecto. Entre más pesen, menos apetito de invertir habrá.

“Por supuesto, el Estado juega un rol determinante desde el punto de vista de las reglas de juego, pero lo que realmente impulsa el crecimiento es la inversión privada”.

¿Podría decirse que el país que pretende construirse no es el que imagina Fedesarrollo?

Compartimos con el Gobierno la necesidad de hacer reformas estructurales. Hace un par de años publicamos un libro que llamamos Reformas para una Colombia post-Covid: hacia un nuevo contrato social. Por ejemplo, señalamos la baja cobertura del sistema de protección a la vejez, lo cual es reflejo de un mercado laboral que deja a una gran mayoría de personas por fuera del empleo formal. Ahora bien, las divergencias entre la visión de la administración Petro y la nuestra tienen que ver con la coherencia entre lo que se está planteando y los problemas que se han identificado. De vuelta a la laboral, es conocido que los dos grandes problemas que tiene el mercado de trabajo en Colombia se resumen en altas tasas de desempleo cercanas a 10 % en el largo plazo y una informalidad que hoy en día está, más o menos, en 55 % a nivel nacional. La reforma claramente no resuelve ninguno y va en la dirección del todo contraria. De otro lado, la reforma de salud también tiene defectos muy de fondo. Tal vez la pensional es la que está un poco más alineada entre los instrumentos que plantea y los problemas que hay que resolver, si se le hacen ajustes que son necesarios.

¿Y frente a otros asuntos aún más fundamentales?

Existen divergencias profundas desde el punto de vista filosófico respecto al rol que juegan el sector privado y la inversión privada. Muchos de los elementos que ha planteado el Gobierno en sus reformas tienen que ver con un papel más preponderante del sector público como motor de la actividad productiva en el país. Lo que ha mostrado la historia de éxito de todos los países que han alcanzado niveles altos de desarrollo es que, por supuesto, el Estado juega un rol determinante desde el punto de vista de las reglas de juego, pero lo que realmente impulsa el crecimiento es la inversión privada.

¿Cuál es su postura frente al calentamiento global y la transición energética?

Al igual que el Gobierno, compartimos la importancia de poner en el frente de la agenda de política pública todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible, agenda de cambio climático y transición energética. De hecho, en administraciones previas se dieron pasos importantes y se adoptaron decisiones puntuales que se han venido desarrollando a lo largo de años. Aquí lo que yo creo que falta es pragmatismo desde el punto de vista de las estrategias de política pública, y eso también lo hemos dicho públicamente. No hay forma de dejar enterrados recursos que son muy importantes y están en el subsuelo de la nación. No se trata tan solo de dineros fundamentales para el gobierno central, sino también para las entidades a nivel territorial. Además, la contribución que el país haría en materia de recorte de gases de efecto invernadero sería realmente mínima. Por eso, lo que se requiere en este caso es un análisis de largo plazo sobre cómo vamos a acelerar la transición energética —porque esto es algo que toma décadas—, pero dentro de las capacidades económicas, fiscales y sociales que poseemos. Porque esas transiciones también cuestan recursos y pueden afectar a la población más vulnerable.

¿Cómo ve el debate en torno a los subsidios, un tema que usted examinó cuando estuvo en Planeación Nacional?

Ya a mediados de la década pasada era claro que la gran mayoría de los subsidios no estaban bien focalizados y, de hecho, eran regresivos técnicamente. Lo que eso quiere decir es que una proporción muy elevada les llegaba a los hogares de ingresos medios y altos, no a los más pobres. El caso más aberrante, tal vez, es el de las pensiones en el régimen público de prima media. También los subsidios a los servicios públicos que están atados a los estratos socioeconómicos están mal aplicados. En muchas ocasiones lo que se encuentra es que hay hogares de ingresos altos que están viviendo en estratos bajos. Es muy importante que el Gobierno está avanzando, al menos en el discurso de unificar una gran cantidad de subsidios, que actualmente están dispersos en diferentes programas, para poder —eventualmente— tener una especie de transferencia única, ojalá condicionada. Una especie de Familias en Acción universal, focalizada en los hogares más pobres y vulnerables. Pero ahí volvemos a diferencias prácticas, como la de querer que el Banco Agrario sea el que haga las transferencias por ser público, a pesar de las largas filas y un posible aumento en costos para el presupuesto y los usuarios.

“Se ha planteado una apuesta medio anacrónica, cepalina, de aumentar los aranceles para sustituir importaciones”

¿Cómo ve eso de “regalar el pescado y no enseñar a pescar”?

Colombia requiere una capa básica de transferencias y subsidios para los hogares más pobres y vulnerables, aunque eso exige criterios de salida para que no se incentive la permanencia de las familias durante mucho tiempo en esos programas sociales. Por otro lado, no hay que olvidar que cuando se hace el análisis de décadas de historia reciente de nuestro país, la fuente fundamental de reducción de la pobreza ha sido el crecimiento económico, no las transferencias a los hogares. Y ahí es donde creo yo que falta un énfasis más grande del Gobierno en examinar qué puede impulsar el crecimiento económico más allá de los ajustes que merece la política social.

"Lo que ha pasado con los impuestos corporativos, que en las dos últimas reformas tributarias subieron con fuerza, no ayuda. Tampoco lo hace la propuesta de reforma laboral, que aumentaría el costo del empleo formal", dice el economista. 

Precisamente, el crecimiento no parece ser una prioridad, pues se podría decir que brilla por su ausencia en el Plan de Desarrollo de este Gobierno…

Así es. El Plan de Desarrollo tiene varios elementos como prioridades, incluyendo la sostenibilidad ambiental, la transición energética o el ordenamiento del territorio alrededor del uso del agua. Temas que, por supuesto, son fundamentales. Pero uno sí echa de menos otro componente fundamental que impacta de forma determinante el bienestar de las personas, como es el crecimiento económico. Los economistas siempre estamos preocupados por este, no porque el crecimiento per se sea una variable interesante, sino por los impactos que tiene en materia de generación de empleo y de aumento en el ingreso de los hogares. Falta ese énfasis y eso requiere disminuir barreras que impiden un mayor crecimiento económico, como el aumento de la productividad. Otro ejemplo es la necesidad de aumentar la apertura económica y el tamaño de las exportaciones de Colombia como una fuente de crecimiento, de innovación tecnológica y de diversificación productiva. En cambio, aquí se ha planteado una apuesta medio anacrónica, cepalina, de aumentar los aranceles para sustituir importaciones, algo que en el pasado no tuvo mucho éxito.

¿Qué más identifican?

Ya me referí a los impuestos corporativos que son de los más altos de América Latina. A pesar de los aumentos señalados, el ajuste fiscal ha sido más lento de lo esperado y eso aumenta el costo de uso del capital. El nivel de riesgo de la nación está por encima de Brasil, y ese costo de financiamiento es una especie de piso de lo que vale financiar cualquier iniciativa para un privado. Tampoco se puede olvidar la infraestructura, que dejó de ser una prioridad a pesar de los cuellos de botella y el atraso en vías, que es conocido. Y, claro, no hay que olvidar a la educación, cuya baja calidad es la que nos diferencia de manera más sustancial frente a los casos de éxito que se han visto en países asiáticos. Ese elemento fundamental, que es la calidad del capital humano de un país, determina la capacidad para innovar, para ser productivos.

Haciendo abstracción del presente Gobierno, cuando mira Colombia hacia adelante, ¿qué tan optimista es?

Tengo la visión del “vaso medio vacío y medio lleno”. Comienzo por este último. Diferentes retos a lo largo de nuestra historia han servido para demostrar que contamos con una fortaleza institucional muy importante, una especie de balances, de pesos y contrapesos fundamentales. Dentro de estos, incluyo la independencia del Banco de la República, el funcionamiento de las Cortes y del propio Congreso. Creo que eso nos distingue de otros países de América Latina, sin desconocer en absoluto errores y dificultades. Gracias a esa fortaleza, nos comparamos bien con el resto de la región. Colombia ha tenido en los últimos 120 años apenas cinco de contracción económica. El país siguiente con menos años de retrocesos es Perú, con 16. Lo sucedido muestra que contamos con un elemento distintivo de estabilidad macroeconómica que parte de un marco institucional sólido. Eso me hace ser positivo, optimista frente a nuestro desempeño relativo. Vamos a ser un país que seguramente estará liderando ese crecimiento regional con grandes oportunidades, una ubicación geográfica estratégica y un capital humano que se viene formando. Aun así —y aquí viene la visión del “vaso medio vacío”— si no logramos los consensos como sociedad para hacer estas reformas que he mencionado y son absolutamente críticas, no vamos a poder dar el salto que necesitamos. Seguir como venimos sería insuficiente para resolver muchos de los problemas sociales, de empleo y, en general, las demandas vistas en las protestas que surgieron justo antes de la pandemia y que volvieron después.

*Exdirector del diario Portafolio y consultor sénior de El Tiempo