¿Y si todos nos acogemos a la justicia especial?
La intención del exministro Diego Palacios de ser juzgado por la jurisdicción especial para la paz podría ser una tronera enorme por donde se cuele cualquier procesado que lo desee.
“Encuentro muy distante que una persona, por ejemplo, por haber adherido a un gobierno o haber estado de acuerdo con ciertas tendencias ideológicas, pueda decir que participó en el conflicto. Porque en esa medida, todos los colombianos al fin y al cabo habríamos tenido participación en el conflicto –advirtió a Revista Credencial el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández–. Así, la Jurisdicción Especial para la Paz se convertiría en la jurisdicción universal, en la jurisdicción general, que sustituiría a todas las otras”.
En este sentido, recordó que la JEP guarda relación única y exclusivamente con las razones por las cuales se consagró: “Si uno lee con atención el texto del acto legislativo, hay una referencia muy específica al por qué y para quién puede ser. La JEP es sola y únicamente para aquellos que participaron en el conflicto”.
Los antecedentes
El secretario Ejecutivo de la Jurisdicción especial para la Paz, Néstor Correa, sorprendió este martes con lo que prometía ser la confesión del exministro Diego Palacio: “Leímos el derecho de petición y allí se decía que el Gobierno de entonces tenía un enfrentamiento intenso con la guerrilla y que, acabado el periodo presidencial, era necesario mantener la intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto, y para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al Presidente, y para reelegirlo fue que se incurrió en el delito de cohecho por ofrecer notarías, con el fin de obtener la reelección y ganar la guerra”.
Sin embargo, solo minutos después, el expresidente Álvaro Uribe dejó claro en su cuenta de Twitter que Palacio no había aceptado culpabilidad alguna. De hecho, el documento -remitido a Correa el pasado 22 de marzo- manifiesta la disposición del extitular de Protección Social de someterse a la JEP, aunque no reconoce delito alguno: “Expondré las consideraciones por las cuales, según lo fallado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se puede concluir que la supuesta conducta por la que fui condenado, tenía como fin lograr la reelección del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe y con ello de su Política de Seguridad Democrática, y probaré el vínculo existente entre la continuidad de las políticas del gobierno del presidente Uribe, lograda a través de su reelección, y la persecución a los grupos armados al margen de la ley, dentro de so cuales se encontraba las FARC”.
Cabe recordar que el 15 de abril de 2015, Diego Palacio fue condenado a 80 meses de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer dádivas a cambio de votos a favor de la reelección presidencial. En la carta de 20 páginas el exministro, además, solicita la libertad condicional y anticipada.
Pero más allá del sí dijo o no dijo, y de que será un juez el que examine esta solicitud, queda pendiente la decisión de si este delito y otros que no están claramente relacionados con el conflicto serán acogidos en el seno de la Jurisdicción Especial.
Para el abogado y exministro de Gobierno Jaime Castro lo importante ahora es recordar que la JEP todavía no está operando y que no se han nombrado magistrados. “Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer es aclarar el tema para ver qué es lo que está ocurriendo. Y es que lo que está ocurriendo es un enredo que puede mostrar todos los enredos que va a tener la tal Justicia Especial Para la Paz”.
En su opinión, este tipo de solicitudes serán permanentes y las deben dirimir los magistrados, que aún no han sido nombrados.
