¿Qué hacer con los adolescentes infractores de la ley?

En el momento en que Sebastián Rodas vio a su víctima frente a él y la escuchó hablar ante el juez, supo que todo sería diferente. Antes de ese día, o no lo denunciaban o el denunciante no iba a la audiencia. Treinta y seis horas después de sus 16 detenciones anteriores, siempre recobraba la libertad. Pero ese 25 de octubre de 2005 fue distinto: “aquí me embalé largo”, pensó. A sus 13 años, fue sentenciado a cuatro años en la Institución educativa de trabajo San José, en Bello (Antioquia), por haber robado un computador portátil y amenazado a su víctima con una navaja. En términos jurídicos, por hurto agravado y calificado.

La infracción de Sebastián no es extraña. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de los cerca de 12.000 jóvenes que actualmente cumplen algún tipo de sanción, el 29% ingresó al Sistema de responsabilidad penal adolescente por hurto y el 12% por hurto calificado.

Uno de los casos más sonados en los medios de comunicación se presentó el 25 de enero pasado, cuando un estudiante de 15 años del colegio INEM de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, fue asesinado por un joven de 17 años que lo atacó por no dejarse robar la bicicleta. Los familiares del estudiante solicitaron una condena ejemplar en contra del agresor, mientras que el alcalde Enrique Peñalosa culpó a la legislación: “Los menores de edad casi que tienen licencia para delinquir, las penas son leves, los centros de reclusión tienen una disciplina muy laxa”.

De ahí que los clamores por que se reduzca la edad de responsabilidad penal (actualmente en 14 años) o por que se aumenten las sanciones (hoy en máximo 8 años de detención) aviven el ya viejo debate sobre lo que se debe hacer con los jóvenes infractores y alimenten la idea colectiva de que cuando se comete un delito sin tener cédula, la justicia mira para otro lado.

No son delincuentes, son infractores

En 2005, en el país todavía regía el Código del Menor, que establecía que a partir de los 12 años los menores tenían responsabilidad penal. Si la audiencia de Sebastián se hubiera celebrado un año después, cuando se promulgó el Código de Infancia y Adolescencia, no habría sido internado. La legislación actual establece en 14 años la edad de responsabilidad penal y que solo a partir de los 16 años pueden ser privados de la libertad, salvo en caso de homicidio, secuestro o extorsión, que tienen privación desde los 14 años

Precisamente la conveniencia de fijar de nuevo en 12 años la edad de responsabilidad penal es uno de los puntos más reclamados por los ciudadanos. La antropóloga Rocío Rubio, consultora en temas de políticas públicas y enfoque diferencial, no lo ve como una solución. “Lo que se ha observado, tanto en el ámbito nacional como internacional, es que reducir la edad penal conlleva un incentivo perverso para que las redes criminales tiendan a reclutar y utilizar a jóvenes de menor edad”.

Sebastián cuenta que el día que fue aprehendido en flagrancia, cuando robaba en el centro de Medellín, estaba acompañado por un hombre y una mujer –ambos mayores de edad– que también fueron detenidos y a quienes no solo se les judicializó por robar sino por estar con un menor de edad. Sin embargo, dice que en la realidad así como hay adolescentes ‘sonsacados’ por las bandas también hay quienes se ‘ofrecen para trabajar’.

“En unos casos, uno como adolecente ve que su compañerito tiene un cuaderno mejor, se viste mejor y tiene plata los fines de semana. Uno sabe que ese compañero se está ofreciendo para ‘trabajar’ y que en un centro de detención no va a estar más de 36 horas porque lo más seguro es que lo dejen libre, ya que no son delitos muy graves, entonces uno va y hace lo que le digan. En otros casos, hay jóvenes que no quieren estudiar sino estar en la calle, en la esquina, y probar desde muy temprano la droga. Entonces el que está en la esquina ve la vulnerabilidad de ese adolescente, lo ‘sonsaca’ y le cambia el chip para que vaya y haga todo lo que él necesita que haga”.

Sin desconocer esta realidad, el mayor Nelson Blandón, jefe del Área de protección de la infancia y adolescencia de la Policía, considera que –incluso si son ellos quienes se ofrecen a las bandas– los niños, las niñas y los adolescentes no son delincuentes sino infractores. Sea cual sea su conducta, siempre serán considerados como víctimas. “Esto quiere decir que una de las tres instituciones (familia, sociedad y Estado), garantes de su protección integral y cuidado, han fallado”.

Carolina Villadiego, directora de investigaciones de la línea del Sistema Judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad, Dejusticia, opina que disminuir la edad de responsabilidad penal no solo es inconveniente sino innecesario: “no tenemos evidencia que muestre que entre los 12 y 14 años los niños son capturados. Por el contrario, lo que las cifras siguen mostrando es que la criminalidad en las edades menores es baja”. Según la Policía Nacional, en los últimos tres años la mayoría de adolescentes aprehendidos están entre los 16 y 17 años de edad: 14.690, de los 20.352 detenidos en 2016; 13.434, de los 18.273 detenidos en 2017, y 1.500, de los 2.054 detenidos en lo que va de 2018. Los demás tienen entre 14 y 15 años, y este año hay solo 6 casos de menores entre los 8 y 13 años.

Oportunidad o impunidad

Sebastián cuenta que, mientras lo trasladaban hacia la Institución San José, pensó que llegaría a una cárcel con celdas y barrotes en la que lo golpearían. Reconoce que, aun cuando en ese momento sentía que odiaba al mundo entero, supo que estaba equivocado cuando llegó y vio una cancha de fútbol, una piscina y que todo estaba limpio. “Me pregunté: ‘¿qué pasó acá?’. Cuando llegué, me pusieron en un grupo donde estaban los más chiquitos, éramos como 40”.

Ante el prejuicio sobre la laxitud de los Centros de Atención Especializada y de Internamiento Preventivo, en donde los adolescentes cumplen con sus sanciones, la investigadora de Dejusticia advierte la necesidad de que la sociedad entienda que tanto en el ámbito internacional como en el nacional se ha considerado que los menores de 18 años están en un desarrollo progresivo y que, por tanto, el sistema no puede tratarlos como adultos.

Una de las diferencias es que en el sistema penal para adultos la finalidad de la sanción es la de castigar al culpable, mientras que en el sistema penal para adolescentes es resolver el conflicto y transformar las condiciones que permitieron que ocurriera. De ahí que la antropóloga Rocío Rubio destaque que una de las falencias actuales es que el país no cuenta con una investigación profunda sobre las causas por las que algunos adolescentes están llevando su vida hacia la ilegalidad. “Hay indicios, pero nadie se ha sentado a mirar qué es lo que les está pasando a estos chicos”.

El mayor Blandón afirma que un menor no se convierte en infractor de la noche a la mañana, y que –en su experiencia– generalmente todo inicia cuando hay permisividad en las familias. “Por ejemplo: si el niño rompe un vidrio, no hay un acompañamiento para que el niño dé la cara y solucione el problema”.

Sebastián coincide en que el primer actor –tanto protector como excluyente– para que un adolescente se inicie en acciones delictivas es la familia. Cuenta que cuando él tenía 7 años su madre decidió dejar Medellín y viajar a Cali a reencontrarse con sus hijos mayores, fruto de una relación anterior y a quienes él no conocía. “Fue ahí donde se dañó todo. En Medellín, cuando vivía solo con mi mamá, estaba en el colegio, tenía a mis amiguitos. Tenía todo, como un pobre, pero lo tenía todo”. De sus días en el Valle del Cauca no tiene buenos recuerdos. Dice que nunca lo han humillado como en ese tiempo y que por eso, cuando cumplió 11 años, decidió regresar solo a su ciudad e iniciar una nueva vida. “Llevaba cuatro días durmiendo en la calle, sin comer, y tenía miedo. A un niño de 11 años en ningún lado le van a dar trabajo. Hay que guerreársela. ¿Cuál era la única forma? Por la vía del delincuente. Me tocó, no lo hice por la felicidad de robarle plata a alguien. Lo hice porque tenía que sobrevivir”.

Hoy, con 24 años, Sebastián trabaja con el ICBF en el Sistema de responsabilidad penal adolescente. Está agradecido con los policías que lo ‘pillaron’ robando y con la institución, por haber descubierto que su proceso tenía que basarse en el deporte y haberle dado las herramientas para no recaer al concluir la sanción. Actualmente, además de estudiar, entrena en la Liga de Atletismo para participar en los Juegos Nacionales.

Por su pasado y su presente, Sebastián pide a la sociedad no olvidar que, ante la ley, prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y que así muchas veces, ante los ojos de la opinión pública, el sistema judicial de menores no se vea tan impactante como el de las cárceles para adultos, se entienda que, como él, los demás también merecen una oportunidad.

Sí hay sanciones

La directora del ICBF, Karen Abudinen, habla sobre el Sistema Penal para Adolescentes.

¿Cuántos están hoy en el sistema?

Tenemos alrededor de 8.500 adolescentes y jóvenes cumpliendo sanciones no privativas de la libertad y cerca de 3.500 con sanciones privativas de la libertad.

¿Cómo son los centros?

En los Centros de Atención Especializada (CAE), los adolescentes y jóvenes cumplen con las sanciones y realizan actividades enfocadas hacia el tema pedagógico, restaurativo y protector, donde no solo se garantizan sus derechos, sino también se trabaja en su formación educativa, el desarrollo de habilidades deportivas, artísticas, talleres y la formación para el trabajo.

¿Cómo prevenir?

Las familias cumplen un papel fundamental como núcleos protectores y cuidadores. Los padres de familia deben apoyar a los adolescentes, dialogar con ellos, mantenerlos dentro del sistema escolar, brindarles afecto y buscar diferentes estrategias para el aprovechamiento del tiempo libre. De la misma forma, el sistema educativo debe reforzar su trabajo en relación con el proyecto de vida de cada uno de los estudiantes; brindar acompañamiento para disminuir los índices de deserción, y fortalecer los espacios de desarrollo artístico, deportivo y cultural.

*Publicado en l edición impresa de marzo de 2018.