Los doblones del galeón
El cuento ha sido más que relatado. En el mar Caribe, a más de mil metros de profundidad, en donde la capacidad hidrostática del cuerpo humano no aguanta, reposan los restos del galeón San José, el barco más importante de la corona española del siglo XVII. Luego de cargar en la Feria de Portobello, en Panamá, fue hundido a unas nueve millas de la Bahía de Cartagena con cerca de 600 tripulantes, tras un cañonazo que, según los relatos de la época, impactó el depósito de pólvora. El golpe de gracia lo propinó la Armada Inglesa el 8 de junio de 1708, en plena Guerra de Sucesión.
Trescientos siete años después del naufragio, más exactamente en diciembre de 2015, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el hallazgo. El pecio, parte del sistema de la Carrera de Indias, estaba encargado de traer mercancía de la metrópoli, comercializarla en las colonias y llevar a cambio a la península los caudales que se extraían de estas. Se calcula que en su interior guarda once millones de monedas de oro, casi 200 toneladas de piedras preciosas extraídas del archipiélago de Las Perlas de Panamá, y lingotes de oro y plata de las minas de Potosí en Bolivia y Perú. Es un patrimonio maravilloso, no solo por su cargamento sino por la información que puede arrojar –si es estudiado científicamente– sobre tecnología náutica, el comercio de Indias y la vida cotidiana dentro de un barco de esta índole y de aquella época. Aunque el patrimonio cultural no tiene precio –llamarle ‘tesoro’ a los restos de un naufragio implicaría tasarlo–, en el galeón podría haber unos 10.000 millones de dólares.
Viaje al fondo del mar
Luego del descubrimiento por parte de la Armada colombiana con apoyo de una empresa cuyo nombre se mantiene en reserva –sería la Woods Hole Oceanographic Institution (Whoi), la firma de investigación oceanográfica privada más grande del mundo, que lideró el hallazgo del Titanic–, comenzará el proceso de intervención, recuperación, conservación y divulgación de esta nave. Para Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), “Las lógicas de intervención de los bienes sumergidos en Colombia exigen que se excave como un sitio arqueológico cualquiera, con registro completo del contexto y que responda a las preguntas de los investigadores. Garantizaremos que sea una intervención arqueológica y científica”.
Será un procedimiento arduo y bello, integrado por disciplinas de las ciencias oceanográficas, marítimas y navales, basado en estudios estratigráficos y con tecnología de punta. En la plataforma en altamar, sobre las coordenadas en donde yacen los restos, participará un equipo de 60 personas, entre oceanógrafos, robóticos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, restauradores e ingenieros industriales. Debido a la profundidad, no podrá ser llevado a cabo con buceo autónomo. Serán robots ROV (vehículo de operación remota, siglas en español) los que moverán con brazos mecánicos desde un cañón de tonelada y media hasta pequeños objetos de vidrio o porcelana.
¿Proteger o explotar?
El 14 de julio pasado, en Cartagena, se presentaron en audiencia pública los términos de la Asociación Público Privada (APP) cuyo objetivo es adjudicar el contrato del proyecto de intervención y recuperación. Este proceso se activó gracias a una oferta de un privado que el Ministerio de Cultura ya tiene en el escritorio. El modelo permite que nuevos interesados compitan y mejoren la propuesta inicial.
La Ley 1675 de 2013, que establece las condiciones para “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido, así como ejercer soberanía y generar conocimiento científico sobre el mismo”, autoriza la realización de actividades de exploración, intervención, preservación y aprovechamiento económico; contrario a lo que sucede con la arqueología terrestre, cuyos vestigios, patrimonio cultural de la Nación, no pueden comercializarse ni venderse. Además, faculta al MinCultura a contratar empresas expertas para ejecutar una o todas estas actividades, y define qué es considerado patrimonio cultural sumergido y qué no.
Entre lo que no, están las cargas comerciales constituidas por materiales en estado bruto, cualquiera sea su origen, como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas; y los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal, como monedas y lingotes. El contratista recibirá en remuneración por su trabajo hasta el 50% del valor de lo que no es considerado patrimonio.
“Incluir el aprovechamiento económico fue abrir la puerta a que empresas privadas puedan explorar, rescatar y recibir a cambio aquello que no es considerado patrimonio y a que el Gobierno pueda comercializarlo. Cuando hay fines comerciales, no existe un proceso verdaderamente científico de arqueología subacuática”, afirma Juan Guillermo Martín, antropólogo y profesor investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla.
Pesca arqueológica
Al mejor estilo de Morgan o Barba Negra, las compañías que se dedican a rescatar navíos son auténticas cazatesoros. La política nacional va en contravía de la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, que Colombia decidió no ratificar, y que indica que todo resto de actividad humana del pasado que tenga más de 100 años y que esté bajo el agua, es Patrimonio Cultural Subacuático. La Convención se basa en cuatro principios básicos: conservar todo lo hallado; promover la conservación in situ, que garantiza que se preserve para las generaciones futuras; prohibir la explotación comercial del patrimonio cultural, y fortalecer la formación y el intercambio de tecnología con cooperación internacional.
Según la ministra de Cultura, Mariana Garcés, dentro de las responsabilidades que tendrá el contratista está la de construir un museo en donde se exhiban los restos del galeón: “Seleccionamos como sede a la ciudad de Cartagena. También, debemos construir los laboratorios necesarios para el análisis de los elementos que se encuentren en el fondo del mar; contratar con nacionales mínimo la mitad del equipo técnico requerido y dejar en Colombia la tecnología que se desarrolle”.
Cuando los objetos están tanto tiempo bajo el agua se habitúan a ambientes estables. Al ponerlos en contacto con el oxígeno, el proceso de oxidación se acelera, lo que lleva a que la restauración y conservación sea un proceso caro, complejo y perenne. ¿Quién va a ser el responsable del mantenimiento de lo que se recupere? ¿Qué de lo rescatado va a nutrir el museo? ¿El casco, todos los objetos, o solo el cargamento que tiene un valor ‘comercial’? Es muy probable que la madera y el armazón vayan a quedar sumergidos para siempre. En este caso, ¿habrá conservación in situ que posibilita la investigación y el registro sin alterarlo? “El asunto se resuelve fácil: extraer lo que tiene una conservación relativamente sencilla, rápida y que va a generar un beneficio económico”, apunta Martín, doctor en patrimonio histórico y natural.
Para Helena Barba, investigadora responsable de Arqueología Subacuática de Yucatán, parte de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en muchos países, principalmente latinoamericanos, se tiene la idea errónea de que la conservación del patrimonio cultural subacuático, al no contar con la capacidad económica, humana y técnica, es una tarea costosa y difícil que solo se lograría gracias al aporte y participación de empresas privadas nacionales e incluso trasnacionales.
Sin embargo, según Barba, “las historias de éxito se han realizado gracias a la participación de Gobierno, academia, sector privado, instituciones de investigación, sociedad civil, cooperación internacional y empresarios que buscan la protección del patrimonio por encima de las ganancias económicas. Además, no ha sido trascendental contar con recursos millonarios para hacerlo. Se requiere de voluntad política”. Para ella, el desenlace de las intervenciones a manos de privados suele ser la pérdida de fragmentos de la historia.
Aún no se conoce el proyecto científico de intervención del galeón San José, ni tampoco sus planes de manejo arqueológico que deben ser diseñados por el ICANH, la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura y la Dirección General Marítima. Se calcula que unas 1.200 embarcaciones están perdidas en aguas colombianas. La recuperación de este pecio –que comenzaría a finales de 2017 e inicios de 2018– será la primera expedición arqueológica sobre patrimonio cultural sumergido del país bajo el formato de APP. Antes de 2013 regía la Ley 397 de 1997, que no permitía a las empresas trabajar en la intervención y rescate de vestigios, restos y evidencias de patrimonio en el fondo del mar. Con la nueva legislación, el interés otorgado desde los años ochenta al galeón San José es, en esencia, mercantil.
La Sea Search Armada, fuera de órbita
En 1982, la Sea Search Armada, empresa cazatesoros norteamericana, entregó al Gobierno colombiano las coordenadas en las que, según sus pesquisas, se encuentra el galeón San José. En 2007, la Corte Suprema de Justicia señaló que a esa empresa le corresponden, en ese punto geográfico, derechos sobre la mitad de lo que se halle que no sea considerado patrimonio. “El Estado reconoce la declaración de la Corte Suprema. Sin embargo, esas coordenadas no coindicen en lo más mínimo con las del lugar en el que está sumergido el galeón San José”, asegura Ernesto Montenegro, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Relatos de naufragios y rescates
El “Mary Rose”, nave insignia de la flota de Enrique VIII, fue hundido en 1545 por la artillería francesa en el Canal de la Mancha en la batalla de Solent. En 1971 fueron hallados sus restos, y en 1982 se recuperaron unos 19.000 objetos: cañones, monedas de oro, el armazón de madera del casco, arcos, flechas, un backgammon, violines, tapas de libros y osamentas de integrantes de la tripulación, y exhibidos en un museo en Portsmouth. Otro rescate emblemático fue el del Vasa, un navío de guerra sueco del siglo XVII. Se fue a pique en 1628 y fue reflotado en 1961. El 98% de su estructura original fue recuperada, restaurada y conservada en un museo en Estocolmo. Allí se exponen 14.000 objetos de madera y unas 700 esculturas con pinturas de leones, héroes bíblicos, emperadores romanos, criaturas marinas y deidades griegas. También se destaca el de la fragata Nuestra Señora de Las Mercedes, de bandera española y vencido por la artillería británica en 1804 cerca al golfo de Cádiz. España recuperó el cargamento tras un largo litigio contra la compañía Odyssey, que, aduciendo que se encontraba en aguas internacionales, extrajo del fondo del mar 500.000 monedas de oro y de plata y algunos restos pertenecientes a la tripulación. Hoy, las piezas se encuentran en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en Murcia. Este caso es un hito de la lucha contra el expolio y el tráfico ilícito de patrimonio cultural.
¿Por qué Colombia no ratificó la Convención Unesco?
“Llevamos 35 años insistiendo en que el rescate del galeón San José no puede caer en un buscador de tesoros. Hay que hacerlo con una visión científica y técnica que respete el lugar arqueológico y el contexto de sus restos”, expresa Rodolfo Segovia, exministro de Estado y uno de los impulsores de que Colombia no ratificara la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001. Según el historiador cartagenero, la razón de esta negativa son las diferencias con respecto al manejo de este tipo de patrimonio. “La Convención vulnera la autoridad soberana de Colombia e implica que cuando un barco de guerra se hunde, pertenece al país de la bandera que porta”, asegura. No obstante, “la Convención no pretende dirimir disputas o demandas relativas a la propiedad y no reglamenta la cuestión de la propiedad de un bien cultural entre distintas partes interesadas”, dice esa legislación internacional. En América 19 países son signatarios, entre estos México y Argentina, que demuestran que es posible realizar investigaciones académicas, técnicas y científicas del patrimonio cultural sumergido sin aprovechamiento comercial.
*Publicado en la edición impresa de septiembre de 2017.
Sobre Los doblones del galeón
Respetada Sra. Directora:
Aplaudo su interés por este apasionante tema y sin querer ofender sino alentar, no queriendo entrar a comentar su artículo en si, pues hay mucha tela de donde cortar, solo me limito a tres elementales anotaciones para que tenga la amabilidad de hacérselas llegar al curioso y enigmático escritor:
1) El diccionario de la R.A.E. define así un ‘Pecio’ (Del b. lat. pecium). 1. …m. Pedazo o fragmento de la nave que ha naufragado. Luego difícilmente un pecio puede haber hecho “parte del sistema de la Carrera de Indias”. Cuando un galeón se hunde, sus restos se convierten en un pecio, a veces, no siempre, pero claramente los pecios no navegan.
2) Con relación al análisis algo simplista que hace el autor sobre los derechos que esgrime la Sea Search Armada y el conflicto que existe en la actualidad con el Gobierno, cabe anotar que la Corte Suprema en su fallo del 5 de julio del 2007 no se refirió a “un punto geográfico” sino a las coordenadas referidas en el ‘reporte confidencial sobre Exploración Submarina mediante la Resolución No. 0354 del 3 de junio de 1983.’ Concretamente este reporte confidencial dice: “Hay varios objetivos grandes y pequeños de composición desconocida en un área de apenas una milla por media milla…” La discusión del Galeón se centra en si está o no en la “vecindad” de las coordenadas señaladas. Según SSA, no es correcto lo que el Gobierno afirma que no está en “el punto” pues ellos denunciaron fue un área. La realidad es que tras un exhaustivo estudio de archivo que he realizado de más de 25 años, puedo afirmar con un alto grado de certeza que la ubicación de pecio está ciertamente peligrosamente cerca de las coordenadas referidas por SSA. Este es un tema muy complejo con muchas ramificaciones.
3) Por último, los tres manifiestos de la carga del San José nunca han sido encontrados, se supone que uno iba a bordo y se hundió, el otro probablemente viajaba a bordo del Santa Cruz, capturado por Wager y el tercero desapareció en los archivos. Los cálculos estimativos que hemos hecho de su carga, se basan en documentación del Archivo de Indias de lo que llegó a Portobelo y de lo que sabemos llevaba el san Joaquín pero ciertamente, sin lugar a dudas, no llevaba “once millones de monedas de oro” Llevaba eso si, “entre 8 y 10 millones de pesos”, refiriéndose a una moneda de un peso que eran las monedas de plata de ocho reales, las de ocho escudos, las de oro, no concuerdan con los relatos históricos. La inmensa mayoría de la producción del Peru, de las minas, era de plata. Las grandes minas de oro estaban, y están en lo que hoy es Colombia, y el san José aún no había llegado. Sin embargo, debo aclarar que los cálculos de los 10 millones de pesos incluían eso si todas las monedas, las barras de oro y plata y demás mercancías que llevaba abordo el Sa José, sin contar con el contrabando, que es un tema bien interesante. Hablar de que transportaba 200 toneladas de piedras preciosas es, por decir lo menos, ridículo, en una nave de 1,000 toneladas. Dentro de esas 1,000 toneladas está el peso de los 600 tripulantes y pasajeros, sus pertenencias, su comida, los 64 cañones y las balas, la pólvora, cacao, telas y mercancías de la China traídas en los “galeones de Manila”, la plata registrada con un peso aproximado de 300 toneladas. No sé a cuáles piedras preciosas se refiere el Sr. Pablo, esmeraldas, diamantes, rubíes o zafiros? 200 toneladas? No creo que en la historia de la humanidad se hayan extraído 200 toneladas de piedras preciosas, todas juntas. Y el archipiélago de las Perlas de Panamá fue el sitio donde encontraron el otro San José, el que se hundió en 1631, unos buenos amigos míos, entre ellos Rob McClung, que no se debe confundir con el nuestro, de 1708.
Sin más por el momento, los felicito por su excelente revista que siempre me acompaña en mis viajes por lo interesante de sus temas y por el rigor periodístico que la caracteriza. Reciba un cordial saludo y mis felicitaciones al Sr. Pablo De Narváez.
Daniel De Narvaez McAllister
*200 toneladas de piedras preciosas son, evidentemente, demasiada carga. Fue la información oficial que nos dieron en el ICANH.
*El autor del artículo no tiene nada que ver con Daniel De Narvaez McAllister. No tienen ninguna relación parental.