El 7 de agosto de 2010, cuando pronunció su primer discurso como presidente, Juan Manuel Santos dijo: “La puerta del diálogo no está cerrada con llave”. Seis años después, su Gobierno firmó los acuerdos con las Farc. Sin embargo, la paz no fue la única apuesta de la administración que llegará a su fin en cuatro meses. Infraestructura, minería, salud, empleo, vivienda, posconflicto y economía fueron algunos de los temas que centraron la atención del mandatario durante sus ocho años de gestión. ¿Cómo le fue? Una revisión de lo que encontrará Iván Duque.

Posconflicto

Hay leyes, pero falta transformación social para implementar los acuerdos

En su discurso de posesión, para un segundo mandato, el Presidente reconoció que una cosa era poner fin al conflicto y que otra era construir la paz. De ahí que la puesta en marcha de cada uno de los puntos acordados con las Farc necesitara, en gran parte, de la aprobación de la normativa primordial para su implementación, además de inyección monetaria, estructuración de proyectos y avances en política social.

El alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, dice que además de firmar un acuerdo para terminar con el conflicto armado, se sentaron las bases para una paz estable y duradera. “Ahora, Colombia afronta el reto histórico de pensar un futuro en paz y de construir un proceso definitivo e irreversible de convivencia y reconciliación nacional”.

Al respecto, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta, coincide en que, en cuanto a la aprobación de leyes y normas, que faciliten la implementación de lo pactado, se avanzó bien, aunque considera que la transformación económica y social asociada con la implementación de los acuerdos está muy lejos de suceder. “Diría que el porcentaje de implementación, en lo que respecta a inversión productiva, es por debajo del 10%”.

Uno de los puntos más importantes del acuerdo es el dedicado a las drogas. De ahí que analistas como Zuleta evalúen con atención el avance en temas como erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El balance oficial da cuenta de que, hasta el momento, más de 58.700 familias se han vinculado al programa de sustitución, y que, durante 2017, se erradicaron más de 52.700 hectáreas. Un avance que reconoce Zuleta, quien –sin embargo– recuerda que pese a las cifras aún no se evidencia el proyecto completo en torno a la erradicación voluntaria. “El Gobierno está llegando con dinero para quienes hicieron los acuerdos de sustitución de cultivos, y –en efecto– ha habido varias zonas con erradicación voluntaria. No obstante, no estamos viendo ni las carreteras, ni la asistencia técnica”. Esto sin contar con que 2016 terminó con el récord histórico de 150.000 hectáreas de coca cultivadas. “Todavía no tenemos la cifra del Simci ni del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre 2017 –dice el experto– pero fuentes extraoficiales estiman que cerró con 200.000 hectáreas”.

El acuerdo con las Farc significó la inutilización de 8.994 armas de fuego, la disminución de homicidios y la declaración de 225 municipios como territorios libres de sospecha de minas antipersona. Sin embargo –advierte Zuleta– la disputa por el control territorial significa un reto en materia de seguridad. “Muchos organismos violentos estaban esperando a que salieran las Farc para llegar a usufructuar esos cultivos. Hay zonas como el Catatumbo en donde Eln y Epl llegaron a apropiarse de los cultivos. La violencia aumenta porque hay el choque entre los grupos”. De ahí que el experto, aunque reconozca que los homicidios sí disminuyeron, diga que con el inicio de la implementación, estos tienden a aumentar.

Otra amenaza a la seguridad se centra en la reincidencia de excombatientes de las Farc. Al respecto, el director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas considera que, proporcionalmente, la realidad es comparable con la que se presentó con la desmovilización de las autodefensas. “Las reincidencias son algo común en todos los procesos de paz. Lo que llamamos Bacrim son reincidencias de los paramilitares, pero creo que proporcionalmente estamos tan bien o mejor que en el caso de la desmovilización de las autodefensas. Muchos están en procesos reales y otros simplemente se fueron a su casa”. Según las cifras oficiales, actualmente 4.991 excombatientes de las Farc están en formación académica.

Economía

Colombia recuperó el grado de inversión, pero su economía crece por debajo de su potencial

Uno de los indicadores sobre los que se valora la economía de un país es su calificación crediticia, que establece la capacidad de pago de la deuda, determinada por las agencias de calificación de riesgo. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recuerda que a finales de la década de los noventa, el país perdió el grado de inversión y que uno de los grandes logros de este gobierno fue, en 2013, recuperarlo. “Hay tres grandes calificadoras de riesgo, todas mantienen a Colombia por encima del grado de inversión; dos han ubicado al país en BBB, Moody’s y Fitch, y una, Standard & Poor’s, en BBB”.

El director del Observatorio Económico, Financiero y Empresarial de la Universidad Sergio Arboleda, Javier Galán, dice que el éxito de Santos es, justamente, haber mantenido al país en la calificación de grado de inversión. “Es gracias a eso que Colombia ha logrado deudas externas a unas tasas que nunca se habían conseguido. Ahora, lógicamente, hay que trabajar en muchos frentes para que las calificadoras sigan manteniendo la confianza en el país, pero lo cierto es que el próximo gobierno va a recibir un país con grado de inversión y eso es un plus muy grande”. Según el ministro Cárdenas, las empresas colombianas se han endeudado más en el exterior, entre otras cosas, para invertir fuera de Colombia, tanto que gran parte de la deuda externa actual, 124 mil millones de dólares, pertenece al sector privado.

Sin embargo, el académico advierte que la asignatura pendiente sigue estando en los niveles de productividad del país: “En Colombia sufrimos de enfermedad holandesa. Todos quieren trabajar al lado del petróleo. En consecuencia, las demás actividades productivas se desaceleran, se destruyen y se acaban. Falta reconstruir el encadenamiento productivo”. El Ministro reconoce esta falencia, aunque explica que los problemas de productividad están asociados con el conflicto armado y con la falta de buena infraestructura. “Esos son dos temas a los que este gobierno les dio absoluta prioridad. Están sembradas las semillas para que este país pueda mejorar su productividad”.

En cuanto a crecimiento económico, tanto Cárdenas –que estima que este año será de un 2,7%– como Galán coinciden en que los resultados están por debajo del potencial económico del país, que debería ser entre un 3,6% y un 3,7%. “La gran noticia es que nunca estuvimos en rojo. Hay un crecimiento, pero no creo que este satisfaga ni siquiera las expectativas del más pesimista”, dice el experto.

En lo que sí no coinciden es en la evaluación frente a la Alianza del Pacífico, creada en 2011. Para el Ministro de Hacienda, el balance es muy positivo, pues no solo es la iniciativa de integración económica más importante que hay en América Latina en este momento, sino que se está expandiendo. “En el campo económico esa integración se tradujo, por ejemplo, en que hoy las bolsas están integradas, los emisores de papeles en Colombia pueden vender en los otros países de la Alianza sin tener que hacer trámites y registros, y los fondos de pensiones de los países pueden venir a invertir en el país en las mismas condiciones que invierten los fondos nacionales”.

Por el contrario, para el experto de la Universidad Sergio Arboleda su calificación es un “fracaso total”. “Deberíamos tener a Buenaventura, Tumaco y Bahía Solano como grandes puertos de entrada, pero Perú y Ecuador nos ganaron en infraestructura, los barcos prefieren llegar a esos países que a Colombia porque es muy difícil descargar mercancía. Buenaventura es el mejor puerto que tenemos, pero saque un camión de allá”.

Vivienda

Buenas intenciones, pero poca planificación

El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, recuerda que la meta inicial del Gobierno era entregar 100.000 viviendas y que, ante los resultados, se inició una segunda fase, que está en ejecución, con la que se espera entregar otras 30.000 viviendas. “Hoy les puedo decir a todos los colombianos que se logró no solamente cumplir con las 100.000 y con las 30.000 adicionales. Terminamos entregando 133.765 viviendas gratuitas iniciadas. Si se suman las del Ministerio de Agricultura y el Fondo de Adaptación, completamos más de 273.000”.

El Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes evaluó 27 proyectos de vivienda gratuita. Su director, Diego Velandia, dice que el plan tuvo buenas intenciones, pero que no fue suficientemente planificado. “No se convocaron a todos los actores que podían hablar del tema. Sin embargo, es una experiencia que genera un número importante de soluciones de vivienda y deja un aprendizaje muy importante para que –a partir de la evaluación– las cosas buenas se puedan replicar y las cosas malas se eviten en futuros programas”.

Según el Ministro, las viviendas gratuitas tienen, como mínimo, dos alcobas y mejores acabados: “especialmente en cocinas y baños, que en muchos casos superan las exigencias de las normas urbanísticas y arquitectónicas de proyectos anteriores y de los planes de ordenamiento territorial”. Por el contrario, Velandia dice que no existen lineamientos sobre cómo se deben entregar las casas. “Encontramos proyectos que se entregan en obra negra, paredes sin pañete, pisos sin acabados, solo la puerta principal, más la de un baño en algunos casos, a veces sin mesón de cocina, etc. Sin embargo, en algunos casos se entregaban acabados en pisos y paredes, lo que ponía en evidencia que sí se podían hacer las cosas bien, pero al no hacerse conscientes no se pueden replicar”.

Otras de las líneas desarrolladas por el Gobierno para mejorar el acceso a vivienda propia fueron los subsidios. Según el Ministro, actualmente hay 63.000 subsidios disponibles para el programa ‘Mi Casa Ya’, mientras que para este año hay 57.670 subsidios para cobertura a las tasas de interés. Velandia reconoce que en este tema se mejoró durante el gobierno de Santos: “Existen buenos procesos de gestión de recursos para asignar subsidios. Sin embargo, no hay articulación con criterios de calidad ni de habitabilidad de las viviendas: se tienen muchos recursos, pero no necesariamente se invierten en proyectos de calidad para las ciudades, para las comunidades y para los núcleos habitacionales”.

Infraestructura

Muchas vías, pero poca infraestructura social

El ministro de Transporte, Germán Cardona, dice que uno de los mayores retos del Gobierno fue poner al día la infraestructura vial, aeroportuaria y portuaria del país, ya que el atraso era de más de 30 años. “Hoy es un orgullo poder decir que lo logramos. Hemos sembrado la semilla en estos años, y ya hemos visto crecer el desarrollo”.

El director de la iniciativa Infraestructura Visible Universidad de los Andes, Mauricio Sánchez, destaca que la inversión fue significativa, además resalta la preocupación del Gobierno por reorganizar al sector y la inversión a través del fortalecimiento de la ANI y la ley de infraestructura. Sin embargo, considera que todavía se debe mejorar la competitividad del país. “Los proyectos de infraestructura de transporte que están en marcha actualmente tienen el propósito de sacar al país del atraso en el que se encontraba. De acuerdo con las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la ejecución va bien, aunque con algunos retrasos en obras importantes, como la Ruta del Sol y el túnel de la Línea. Sin embargo, de cara al futuro, es necesario que el nuevo gobierno entienda que se requieren inversiones más ambiciosas para mejorar la competitividad y llevar la infraestructura a niveles de clase mundial. Además, es necesario que el país se comprometa seriamente e invierta en infraestructura social y productiva; por ejemplo, en el sistema carcelario, el sistema hospitalario, cobertura de servicios públicos esenciales y educación. Esta es una tarea que quedó pendiente”.

El balance del Ministerio de Transporte indica que se invirtieron 4 billones de pesos en los puertos; 1,3 billones de pesos en el sector ferroviario, en donde se rehabilitaron 1.600 kilómetros, y 3 billones de pesos en la intervención de 40.000 kilómetros en vías regionales. Además, que se repotenciaron y construyeron 464 puentes; se construyeron 48 kilómetros de túneles y, que a julio de este año, se habrán construido 1.370 kilómetros de dobles calzadas. Pero más allá de las cifras, el director de Infraestructura Visible dice que el Gobierno, aunque mejoró los mecanismos para hacer las contrataciones de todas estas obras, no atacó ciertos problemas que persisten, como la concentración de la contratación, especialmente en las regiones. “Existen además importantes cuestionamientos sobre el papel que han desempeñado las interventorías en el seguimiento a la ejecución de proyectos. Una de las tareas más importantes para el próximo gobierno es asegurarse de que estas actúen, ante todo, como garantes de la calidad y el cumplimiento de la inversión”.

Minería

Avanzó la legalización de títulos, pero persiste la informalidad

Durante los ocho años del gobierno Santos surgieron varias iniciativas relacionadas con el ordenamiento de la minería, comenzando por la actualización del Código de Minas, el cual, por temas de consulta previa, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. El director del Observatorio Colombiano de Minería (OCMI) de la Universidad del Rosario, Leonardo Güiza, advierte, sin embargo, que con la inclusión de varias normas en el Plan Nacional de Desarrollo se logró al menos estratificar la actividad minera por escalas de producción y prohibir la minería en páramos.

El Ministerio destaca en su balance haber logrado que 11.831 pequeños mineros de 1.520 Unidades de Producción Minera mejoraran las condiciones técnicas minero-ambientales de sus operaciones; que 1.883 mineros de subsistencia se hayan certificado en buenas prácticas y que se caracterizaron 10.623 unidades productivas mineras, lo que significa un avance del 60% del total de municipios mineros del país.

El director del Observatorio de la Universidad del Rosario, reconoce que el Gobierno enfrentó el problema de la informalidad, pero considera que el esfuerzo se queda corto para la dimensión del problema: “Incluyendo todos los tipos de minerales, la minería llevada a cabo sin el correspondiente título está alrededor del 65%, y tomando solo el oro en el 87%. Aunque los logros en la formalización de las minas que se propuso este Gobierno no fueron los esperados, sobre todo por los obstáculos en el trámite de los permisos ambientales y las decisiones de las Altas Cortes, hay que reconocer que se hizo mucho más que en gobiernos anteriores en los que ni siquiera se había dimensionado el problema”.

Salud

Indicadores alentadores, pero muchos asuntos pendientes

En su discurso de posesión del 7 de agosto de 2014, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a garantizar un mejor servicio de salud y a mejorar la infraestructura y la atención de los hospitales públicos. En sus resultados, el Ministerio de Salud registra que actualmente en Colombia hay 22’067.315 de afiliados en el régimen contributivo y 22’515.030 en el subsidiado, y que se han terminado tres hospitales, mientras que otros 13 están en ejecución.

La directora del Centro de Pensamiento en Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, dice que los indicadores en materia de salud pública son alentadores: “La encuesta Ensin sobre la situación nutricional muestra una disminución notable de la baja talla para la edad (desnutrición crónica) en menores de 5 años. Este indicador pasó de 13,2% en 2010 a 10,8% en 2015. La baja talla para la edad también disminuyó en escolares y adolescentes. La mortalidad infantil pasó de 27 a 14 por cada 1.000 nacidos vivos, en el mismo período. Las coberturas de algunas vacunas prioritarias son mayores al 90% en 2015, mientras en 2010 no alcanzaban estas cifras. El embarazo adolescente, sin embargo, es un tema pendiente. En la década de los noventa no superaba el 13%, pero entre 2000 y 2005 aumentó al 20%, y solo ha disminuido al 17% entre 2010 y 2015”.

Uno de los puntos en los que más trabajó el Ministerio de Salud fue en el costo de los medicamentos. Según su balance, se reguló el precio de 1.031 productos. Al respecto, la experta de la Universidad Nacional dice que, en medio de la política de regulación de los precios de medicamentos, Colombia ha logrado una reducción promedio de 41,7% en los precios de los productos regulados. Pero considera que esa regulación debería comenzar desde el inicio del proceso de producción. “Esa regulación comienza a operar solamente cuando los productos ya están siendo transados en el mercado y representan un porcentaje importante del gasto público en medicamentos. Adicionalmente, dicha regulación no evalúa el valor terapéutico agregado que los medicamentos nuevos representan para el país. Es importante que Colombia pague precios justos desde un principio, antes de la comercialización de los medicamentos y que esos precios sean proporcionales con el aporte terapéutico de las nuevas tecnologías, frente a las ya disponibles”.

En cuanto a la regulación de temas como el aborto y la eutanasia, Claudia Vaca reconoce que desde el Ministerio de Salud se cumplió con los mandatos de la Corte Constitucional para facilitar el acceso, aunque insiste en que persisten barreras, especialmente de tipo cultural.

*Publicado en la edición impresa de mayo de 2018.