Lupa sobre el acuerdo final

Punto 1 

Reforma Rural Integral

por Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura

Todos los analistas de ciencias sociales coinciden en que la raíz del conflicto colombiano es el problema de la tierra. Lo más importante de este acuerdo es que busca dar una solución radical al drama rural de Colombia. Las piezas esenciales del acuerdo son: un banco de tierras, que va a distribuir tres millones de hectáreas entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; un gigantesco programa de formalización de la propiedad rural, que dotará de escrituras a quienes, trabajando el campo, carezcan de estas y tengan títulos precarios; la disposición de dotar las zonas rurales de unos mejores servicios públicos y de más bienes colectivos: salud, educación, mercadeo, vías terciarias, tecnología, todos aquellos insumos que dan valor a esas tierras. Además, el acuerdo exige proveerlas de bienes que hagan sostenible la agricultura en el campo, y tiene otros elementos como la creación de la jurisdicción agraria y la focalización de las inversiones, dando prioridad a las zonas que tengan mayor pobreza relativa o estén más afectadas por el narcotráfico. Es un programa bastante integral, que de ninguna manera pone en entredicho la propiedad privada o el debido proceso. Creo sinceramente que es uno de los puntos centrales de la negociación.

Con este acuerdo el país gana nada menos que tener un sector rural menos discriminado y menos atrasado. Se avanza hacia la congruencia de los indicadores de vida de la ruralidad con lo urbano.

El gran reto ahora es que recursos, institucionalidad y voluntad política estén a la altura de los compromisos que se han adquirido en el punto de ruralidad. 

Punto 2 

Participación en política 

por Jaime Castro, exministro de Justicia

Conviene recordar que las Farc, en 1985, en desarrollo del proceso de paz de la época, crearon la Unión Patriótica como partido político y participaron en las elecciones parlamentarias de marzo del 86. Obtuvieron resultados importantes. Eligieron 17 congresistas, entre senadores y representantes. Iván Márquez fue elegido representante a la Cámara por el Caquetá. Hicieron coalición con liberales del Huila para elegir senador a Guillermo Plazas Alcid; y del Tolima para elegir a Alfonso Gómez Méndez a la Cámara. Esa participación en política se realizó sin cambiar el régimen electoral vigente. Sin que se crearan circunscripciones especiales. No tuvieron a su favor régimen excepcional o particular que incentivara, promoviera o facilitara de alguna manera su participación. Todo esto lo conoce bien Humberto de la Calle, quien entonces era registrador nacional del Estado Civil.

En lo ahora acordado se cambia el régimen de partidos para efectos de obtener y conservar la personería jurídica. No se tiene en cuenta haber alcanzado un umbral en los debates electorales. Tendremos no menos de 50 partidos. La Constitución del 91 facilitó la creación de partidos y llegamos a tener 70. Eso se consideró una exageración y se estableció el umbral. Ser partido político permite presentar candidatos a las elecciones y recibir del Estado dinero para su organización y financiamiento, además de la reposición de gastos electorales. El Acuerdo dice que hay que incrementar la participación de los partidos en el presupuesto nacional. No creo conveniente volver a tener 30, 40 o 50 partidos. Se podría haber decidido que las Farc crearan su propio partido sin abrir la puerta a la creación de muchos partidos. 

Se crean 16 nuevas circunscripciones que elegirán 16 representantes a la Cámara, en zonas en las que el conflicto fue más agudo. Llama la atención que en aquellas, los partidos tradicionales no puedan presentar candidatos. No se necesita ser brujo para entender que son zonas en las que las Farc tuvieron presencia activa y por ello van a ganar las 16 o la mayoría de esas curules. 

Bien importante es el tema de seguridad que organizan para la protección de los reinsertados de las Farc. Esto condiciona el éxito del proceso.

Si las Farc se vuelven partido, el país gana mucho, aunque ello no es la paz ni el fin de la guerra, pero sí la terminación del conflicto con las Farc.

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Punto 3 

Fin del conflicto. Cese del fuego y dejación de armas. 

por Katherine Aguirre Tobón, investigadora asociada del Instituto Igarapé (Brasil).

Este punto plantea procedimientos específicos para el proceso de cese del fuego, la dejación de armas, la reincorporación de las Farc a la vida civil, social y política, así como las garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales. 

El Acuerdo expone principios orientadores alrededor de factores clave como el respeto, garantía y protección de los derechos humanos; el monopolio de la fuerza por parte del Estado; el fortalecimiento del Estado (con enfoque territorial); el enfoque de género, e incluso la prevención y lucha contra la corrupción. Si el Acuerdo llega a cumplirse al pie de la letra, será una importante forma de refundación del Estado colombiano.

Se han planteado los elementos para una completa reincorporación económica y social de los excombatientes, así como la representación política de este grupo mediante la creación de un nuevo partido o movimiento político. Estos elementos, aunque controvertidos, son fundamentales para poder abrir el espacio de participación de las Farc, que en algunos lugares han tomado el lugar del Estado. Es difícil imaginar qué tan ambicioso planteamiento de principios y de ordenamiento institucional pueda llevarse a cabo con la pesada burocracia del país. Las propuestas de acuerdo pueden imponer una carga importante en el ámbito local, por lo cual se requiere un verdadero compromiso de todos los estamentos para poder llevarlas a cabo.

Con respecto al cese del fuego y la dejación de armas, se cumple con los estándares internacionales. No se da ni un paso adelante, como hacer una recolección más completa de información sobre las armas recolectadas, lo cual podría desentrañar los patrones y orígenes del tráfico de armas en el país. También se pierde la oportunidad de la participación de la sociedad civil, principalmente frente al análisis de la información sobre el armamento recibido.

En gran parte de este punto se deja claro que se debe hacer todo lo posible para prevenir la acción e influencia de grupos armados ilegales, como los paramilitares. Sin embargo, poco se habla de un posible proselitismo armado, de la incidencia que puedan lograr los grupos disidentes de las Farc, o incluso las Farc (aun sin armas) en forzar las votaciones por el nuevo grupo político, principalmente en zonas que han sido dominadas por este grupo.

Reincorporación de las Farc a la vida civil 

por Jaime Castro, exministro justicia 

Lo que dice el acuerdo es que irán a elecciones, y si no resultan elegidos cinco, tanto para Cámara como para Senado, les completan esas curules. Creo que el partido que creen las Farc va a elegir más de esos 5 en cada Cámara. Lo que no queda claro es si esas curules son nuevas o hacen parte del número de curules ya existentes en Senado y Cámara.

Punto 4 

Solución al problema de las drogas 

por Camilo Echandía, economista, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia

Lo más importante que se pactó en términos de narcotráfico es la desactivación del conflicto armado, que representa poner punto final a la principal ventaja competitiva de la droga colombiana en los últimos 30 años. El conflicto ha representado una seguridad enorme para los cultivos, para los polos de producción, para los corredores que utiliza el narcotráfico y para los puertos de exportación. Lo único que explica la enorme movilidad de la oferta de drogas en Colombia es la existencia del conflicto, tan funcional para los propósitos del narcotráfico. Asimismo, al amparo del conflicto muchos narcotraficantes puros se han presentado como actores políticos con el propósito de obtener beneficios jurídicos. Entonces, me parece que lo más importante no está dicho ahí: la desactivación del conflicto permite acabar con esa ventaja comparativa que ha tenido Colombia frente a otros países. Eso explica la primacía del país en el negocio de la cocaína. 

Lo acordado es conveniente porque hay que entender que el enfoque de lucha contra las drogas en Colombia y en el mundo había privilegiado principalmente la represión de la oferta. Y la represión de la oferta llevó a multiplicar las ganancias del narcotráfico. Esta lucha contra la oferta fue contrarrestada por las guerrillas y los paramilitares, que le dieron una enorme movilidad a la oferta sobre el territorio. Por tanto, el cambio en la visión es lo más favorable. 

Ahora no se propone seguir luchando contra la oferta, que es una guerra perdida, sino desactivar el conflicto. Esa desactivación del conflicto va a reducir enormemente la dimensión del narcotráfico en Colombia. No soy tan ingenuo como para pensar que se acabará el narcotráfico, pero la desactivación de las Farc es un elemento muy importante en esa dinámica. 

Eso nos lleva al enfoque de salud pública para los consumidores. Ya no se tiene la esperanza ilusa de que el aumento de precios –por cuenta de la represión de la oferta– es el elemento que llevará a la gente a no consumir droga. La apuesta es en entender que los consumidores esencialmente son personas enfermas que necesitan ayuda y que hay que tener unas campañas para la prevención de las drogas entre los más jóvenes. La perspectiva cambió totalmente. 

No veo grandes inconvenientes en los ejes identificados, veo grandes oportunidades. Creo que por primera vez los planes de sustitución de cultivos pueden ser exitosos. Sencillamente porque ya no va a haber conflicto armado. Lo que llevó en el pasado al fracaso de los planes de sustitución de cultivos es que, así las familias campesinas quisieran someterse a esos planes y aceptar las ofertas del Estado para dejar de cultivar coca y amapola, no se podían sustraer al poder armado de las organizaciones que les demandaban cultivar droga. 

El mandato de la Comisión de la Verdad sobre el narcotráfico pide llegar al fondo de la relación de las guerrillas y los paramilitares con el narcotráfico. Es muy claro que en el caso de la guerrilla, el narcotráfico fue un medio para lograr sus objetivos de largo aliento. El desarrollo estratégico de las guerrillas sobre el territorio, la forma de aproximarse a los centros políticos y administrativos de este país, demuestran que su interés último no estaba en consolidar zonas de producción de droga, sino estar en el centro del país, en donde no hay narcotráfico. No es el caso de los grupos paramilitares, cuyo fin último fue consolidar zonas muy importantes para el narcotráfico, y cuyas estrategias revelan que no tenían el propósito principal de contener a la guerrilla sino de resguardar y consolidar su dominio sobre zonas del narcotráfico.

El compromiso de la guerrilla de trabajar no se puede desestimar. Las minas tuvieron un doble fin: tratar de impedir el avance del Ejército y resguardar los cultivos de coca como la principal economía de guerra de las Farc. El hecho de comprometerse en desminar le abre el camino a la erradicación manual. 

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Punto 5

Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos. 

por José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional y rector universitario

Me parece que para los efectos de un proceso de paz es importante dictar normas especiales que atiendan al momento que se vive y a la necesidad de ajustar las situaciones a la transición. Sin embargo, este punto del acuerdo final prácticamente va a desplazar a la justicia ordinaria. Son tantos los asuntos que conocerá esa justicia especial y podrán extenderse tanto, que a la larga invadirá la órbita de los tribunales y la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, considero que debería revisarse el que el Tribunal de Paz incluya 4 magistrados extranjeros y las Salas de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz incluyan 6. Definitivamente no estoy de acuerdo. En Colombia hay abogados y jueces capaces para aplicar la justicia transicional con objetividad y buen criterio. Concibo un tribunal que se establezca con base en la plenitud de la soberanía colombiana. 

El punto también establece que este sistema de justicia “se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión”. Considero que este sistema transicional no tendría que juzgar a personas diferentes de los excombatientes, quienes son parte en el acuerdo, ya que se está ampliando la función del tribunal desmesuradamente, reemplazando inclusive a la justicia ordinaria. De la misma manera no estoy de acuerdo para nada con el hecho de que procesos ya fallados se revivan. Cuando hay sentencia, debe ser respetada la cosa juzgada.

En cuanto a las sanciones como: 5 a 8 años de funciones reparadoras para quien reconozca la verdad y responsabilidad sobre infracciones muy graves; y privación efectiva de la libertad entre 15 y 20 años cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, pienso que, como lo ha dicho Human Rights Watch, dan lugar a la impunidad en muchos casos.

Además podrían dar lugar, dependiendo del criterio de los jueces, a que empresarios extorsionados por los grupos al margen de la ley sean juzgados como financiadores de estos grupos. 

Punto 6 

Implementación, verificación y refrendación. 

por Camilo Reyes, excanciller

Este punto define la participación internacional, por medio de un mecanismo de verificación –en apoyo de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación (CVSR)–. En este participarán “dos personas de representatividad internacional” escogidos respectivamente por el Gobierno y las Farc y los representantes de los países que sirvieron como acompañantes y facilitadores: Cuba, Noruega, Venezuela y Chile.

Como elemento esencial en esta parte del acuerdo, el Gobierno y las Farc le solicitaron a la ONU, por medio de la Asamblea General, una Misión Política de Verificación. Esta Misión deberá verificar el cumplimiento de momentos esenciales para la realización del acuerdo: el cese del fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo; el inventario, dejación, recopilación, traslado y disposición de las armas. Cumplido lo anterior, también la ONU creará una Misión encargada de la verificación de la reincorporación política, las garantías para el nuevo partido político que resulte del proceso y la reincorporación económica y social de los miembros de las Farc. Además, hay un acompañamiento técnico de muchas otras instancias internacionales que prestarán un apoyo a los otros aspectos y etapas del Acuerdo. 

Ante las responsabilidades que están adquiriendo el Gobierno y las Farc, y los propósitos de reforma que implica el acuerdo, el país no tardará menos de 10 años en implementar lo pactado. Opino que hay que ver la implementación como un esfuerzo de largo aliento. Es una oportunidad para transformar nuestra sociedad.

La importancia de este punto radica en que la comunidad internacional aporta elementos adicionales de objetividad, neutralidad y transparencia. Se construye confianza y se enriquece la implementación con aportes técnicos y experiencias regionales y globales que pueden generar opciones. Lo único que me preocupa es que cuando la comunidad internacional asume responsabilidades hay un cierto riesgo de que los principales actores se sientan relevados. Hay que tener claridad en que la responsabilidad primaria e histórica es nuestra. 

*Encuentre aquí el texto completo del acuerdo final de paz

*Publicado en la edición impresa de septiembre de 2016.