Con el viento en contra

El siglo XX se constituyó en el período de la historia de la humanidad, que podría ser definido como la historia de la  inequidad, en el que los derechos alcanzaron su mayor nivel de desarrollo, por lo menos en términos formales. Fue el siglo en el que las reivindicaciones que venían arrastrándose desde tiempos inmemoriales  se cristalizaron en  declaraciones, leyes y tratados. El siglo del sindicalismo, del reconocimiento del crimen del genocidio, del discurso de Martín Luther King sobre la igualdad, de la descolonización, del fin del Apartheid.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el hombre haya logrado en esas décadas una capacidad de convivencia más profunda, pues fue también el siglo de las dos guerras mundiales, de las armas  uímicas y nucleares, del holocaustojudío, del incremento inmisericorde de los niños en combate.

La Organización de Naciones Unidas se erigió, desde la segunda mitad de esa centuria, como el foro donde se llevaron a cabo, en mayor medida, tanto la lucha por la igualdad de hombres y mujeres, como los debates sobre la mejor forma de proceder ante la violación de sus derechos. Su labor, que podría describirse entre luces y sombra  –la mayor de estas últimas el derecho al veto de los cinco miembros permanentes de su Consejo de Seguridad–, ha sido vital para reivindicaciones como el voto femenino.

A esa demanda por el voto de parte de asociaciones de mujeres –que había empezado en el siglo XIX– adhirieron otras de diversos tipos, en la esperanza de que la unión hiciera realmente la fuerza. En la década de 1960, por ejemplo, la contracultura fusionó los discursos de los movimientos sufragistas, que propendían por una mayor  participación política y social de las mujeres con los del reconocimiento de afroamericanos y homosexuales,  constituyéndose en un crisol que articulaba diversas voces en busca de un nuevo paradigma, pues el camino hacia la igualdad había sido tortuoso.

Como una ironía se podría considerar la aprobación, por primera vez, del sufragio femenino. En 1776, en New Jersey, se autorizó el voto de “todos los habitantes libres de la Colonia”, pero en realidad el artículo pretendía referirse al de “todos los hombres libres de la Colonia”. Entre ese año y 1807, cuando se corrigió “este error arrafal”, alcanzaron a votar tanto mujeres solteras como hombres de raza negra que aprovecharon el lapsus. Casi cien años después, en 1869, en el territorio de Wyoming, se aprobó en efecto el voto de las mujeres a través del llamado “sufragio igual”, en virtud del cual podían hacer valer su voluntad en las urnas tanto hombres como mujeres, siempre y cuando se abstuvieran de hacerlo las personas pertenecientes a los numerosos grupos indígenas ubicados en “el gran río plano”. Ya en Nueva Zelanda la fecha se fijó en 1883 como la que le dio luz al sufragio femenino en general gracias a la persistencia de la activista Kate Sheppard.

Sin embargo, y para graficar la complicada lucha por la verdadera igualdad, vale la pena citar el Estatuto Municipal español de 1924, publicado bajo el mandato de Primo de Rivera, que decretó que solo podían votar las mujeres que hubieran cumplido 23 años y permanecieran solteras, excluyendo a las mujeres casadas y a las prostitutas.

Las casadas, según el Decreto, gozaban, sin embargo, de algunas excepciones: “cuando viva separada de su marido por sentencia firme de divorcio en la que se declare culpable al esposo; cuando judicialmente el marido ha sido declarado en ausencia, de acuerdo con los criterios señalados al respecto en el Código Civil; cuando el marido sufra pena de interdicción civil impuesta por sentencia firme; finalmente, cuando la mujer ejerza la tutela del marido loco o sordomudo”₂.

En diversas latitudes, concepciones como la anterior intentaban ser rebatidas por agrupaciones que, al principio tímidamente y con el tiempo más beligerantes, compuestas en general por mujeres, pero también por algunos hombres que comprendían el valor de la igualdad –el derecho al trabajo remunerado, la mejora en la educación, la lucha contra la subordinación y, por supuesto, el derecho al voto– lograban ir moviendo los cánones reinantes.

En 1946, la ONU, cuyo objetivo último es el fortalecimiento de la democracia, hizo un llamado para que el sufragio femenino fuera incorporado a todas las constituciones de América, teniendo en cuenta que este representaría al 50% de la población. Poco a poco, no solo en este hemisferio sino alrededor del mundo, la exhortación se fue haciendo realidad. Y se crearon instancias en el seno de las Naciones Unidas enfocadas a la igualdad de géneros y al fortalecimiento de los derechos de las mujeres, consideras por su historia como vulnerables.

Sin embargo, algunos países se demoraron muchas décadas en seguir este camino, como Kuwait, que concedió el voto femenino hace solo pocos años, en el 2005, lo que es, por decirlo suavemente, un anacronismo. Pero, dada la mirada cultural de los países islámicos en relación con los derechos políticos de las mujeres es algo menos sorprendente que el hecho de que un cantón de Suiza, el Appenzell, lo haya aprobado apenas en 1989.

El camino hacia la igualdad en Colombia

Como era de esperarse, en consonancia con las dificultades que se acaban de reseñar, la conquista del voto femenino en Colombia fue complicada, lenta y llena de altibajos. La influencia que ejercía la Iglesia católica en la vida cotidiana de las mujeres desde la conquista, y aun entrado el siglo XX, impedía que estas se asumieran en un papel protagónico, que les permitiría ayudar a construir su propio entorno político.

El “de”, que aún utilizan algunas mujeres para adoptar el apellido de su marido, describe la sociedad patriarcal que ha tomado como una de sus bases que tanto la subsistencia como la definición del papel de la mujer en la sociedad proceden siempre de alguien más, con claridad de un hombre.

Ante la llegada de la industrialización al país, a finales del siglo XIX y principios del XX, se fue formando una clase obrera femenina que ocupaba cargos siempre inferiores a los del sexo opuesto y, en consecuencia, peor remunerados. En 1920, aburridas de una situación laboral que les prohibía hasta calzarse, se fueron a la huelga cerca de 500 empleadas de la planta de Fabricato, en Bello, Antioquia, con diversas reivindicaciones como consigna, buscando desde mejoras salariales hasta la exigencia de medidas contra el abuso sexual del que se sentían objeto por parte de algunos de sus jefes.

Betsabé Espinosa, “una muy bella e íntegra muchacha”, según el diario El Luchador₃, fue la heroína de esas jornadas. El propietario de la fábrica, Emilio Restrepo, tuvo que recurrir al párroco de Bello y al arzobispo de Medellín para enfrentar la crisis y el acuerdo al que se llegó, tras casi un mes de arduas negociaciones, fue abriendo el camino a la participación de la mujer en la vida pública, pues el levantamiento logró ser ampliamente reseñado por los medios y generó largas discusiones al interior del gobierno.

Haciendo eco a los anteriores hechos, en 1924 cerca de 1400 mujeres indígenas firmaron un manifiesto en el que afirmaban que si los hombres de sus comunidades no eran capaces de levantarse contra “el orden ilegal e injusto” impuesto por la civilización, ellas sí tenían el coraje de hacerlo₄.

Nueve años más tarde del levantamiento de Bello, el ejemplo fue repetido por 186 obreras de la fábrica de Rosellón, en Envigado, en protesta por la rebaja de sus salarios, y aunque las reclamaciones esta vez no fueron tan exitosas como las anteriores en términos de resultados, tuvieron también una buena resonancia. Y en 1935 las trabajadoras de dos trilladoras, 315 en total, se levantaron de nuevo para exigir vacaciones remuneradas, pago dominical y el conocimiento de su sindicato₅. La mujer colombiana, en suma, entendió que había que empezar a subir la cuesta.

En 1930 había llegado Olaya Herrera al poder “con oposición de la curia y de los conservadores de ultraderecha”₆. Aun así, logró darle vida a los movimientos sindicales y al derecho a la huelga, regulándolos mediante la Ley 83 de 1931. Las reivindicaciones de tipo laboral fueron una puerta de entrada a otras demandas de la sociedad civil y ante esta plataforma de gobierno, más amplia e incluyente, personas como Georgina Fletcher, española radicada en Colombia –estigmatizada y perseguida por sus ideas–, lograron una escenario favorable para sus aspiraciones feministas.

Fletcher, junto con Ofelia Uribe de Acosta, presentó entonces al Congreso el “Régimen de capitulaciones matrimoniales”, en busca de una reforma constitucional que llevara a que las mujeres pudieran acceder directamente a sus bienes, pues hasta entonces solo se les permitía hacerlo a través de sus padres, hermanos o esposos. A pesar de las voces airadas que despertó esta iniciativa, como la del representante Muñoz Obando, quien afirmó que “las mujeres colombianas están empeñadas en quebrar el cristal que las ampara y las defiende”₇, se logró e todos modos la promulgación de este régimen, cristalizándose en la Ley 28 de 1932, a través de la cual “se reconoció la igualdad en el campo de los derechos civiles”.

Pero el voto era un sueño que todavía se observaba a distancia, aunque en 1936 se logró que las mujeres pudieran desempeñar cargos públicos. En 1944 se fundó la Unión Femenina en el país y en la reforma de la Constitución de 1945, con la presión ejercida por esta en el Congreso, las colombianas conquistaron el título de “ciudadanas”, aunque el proyecto de su derecho al sufragio fue archivado luego de un arduo debate en Cámara y Senado.

Se generaba así una nueva cultura, en la que las mujeres empezaban a mirarse a sí mismas en forma diferente, a concebirse como parte de la sociedad política en la que se buscaba la igualdad, aunque con cierta timidez todavía y con la sensación, según se puede percibir en documentos de la época, de que los roles no estaban aún tan definidos. En la revista Letras y Encajes, que propendía por el voto femenino, Margarita Gómez de Álvarez escribió el 27 de agosto de 1948: “Aunque ya se hace sentir entre nosotros el movimiento feminista, son poquísimas las mujeres que realmente van bien orientadas; una gran mayoría de ellas tiende a masculinizarse, idea donde reside, principalmente, su error. No se trata de imitar, se trata de crear”₈.

Por otra parte, Magdala Velásquez Toro en Condición jurídica y social de la mujer₉, cita apartes de los editoriales de Calibán₁₀, en su columna “Danza de las horas”, de El Tiempo, muy esclarecedores sobre el pensamiento de un norme sector de la sociedad colombiana de entonces. Refiriéndose a la organización social, Calibán escribió: “salvémosla y no la sometamos al voto femenino, que será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y en la pugna entre los sexos”. Afirmaba el columnista que el del sufragio era un proyecto izquierdista y que era evidente la inferioridad natural de la mujer: “ninguna hembra ha igualado al macho en las manifestaciones del atletismo, en toda la escala animal. Solo una yegua ha ganado el Gran Derby (1915) y esto porque el hándicap la favorecía”.

No fue, como se ve, fácil la lucha. En el Congreso se daban debates marginales entre liberales, más inclinados a aceptar que las mujeres hicieran realmente parte de la esfera política, y los conservadores, más reacios a contradecir a la Iglesia católica respecto a que la mujer debería permanecer en el seno del hogar. Pero con el tiempo, los partidos fueron variando sus propuestas. El papa Pío XII, al terminar la segunda guerra mundial, exhortó a las mujeres a que votaran en Italia por el Partido Socialcristiano, lo que desde su óptica la podría salvar del comunismo. Esto generó un curioso viraje en el juego político en Colombia. El Partido Conservador decidió apoyar, en 1948, los plenos derechos de las mujeres, mientras que los liberales abogaron por un reconocimiento progresivo.

En el Congreso de 1949 se negó de nuevo el derecho al voto de las mujeres. Así que en 1953 se pasó, junto con el paquete de reformas a la Constitución, la iniciativa del sufragio femenino con mucha presión para su aprobación, no solo por parte de asociaciones de mujeres, sino también de hombres convencidos de la necesidad de ese espacio político, como el diputado Félix Ángel Vallejo que se apersonó del Proyecto.

El reconocimiento al voto de la mujer en Colombia se logró por fin, y paradójicamente, bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, en 1954, a través del acto legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que fue recibido como un gran triunfo, a pesar de que durante esa época no se dieron elecciones. Sin embargo, mujeres como Josefina Valencia, Esmeralda Arboleda y María Eugenia Rojas ocuparon cargos oficiales. El derecho al voto se estrenó en el plebiscito de 1957.

La transformación, entonces, no ha sido radical. La incorporación femenina en la sociedad económica y política no la ha desligado de su papel de principal cuidadora de su familia y responsable del funcionamiento de su hogar, por lo que se termina asumiendo un doble rol. La siguiente cita logra describir bien la situación: “El proceso de modernización vivido no había traído mecánicamente la transformación de las viejas exclusiones políticas y culturales. Si bien el resultado de esa captación, en la que jugaron un papel determinante los movimientos sociales y las ideologías revolucionarias, no fue una transformación radical de la sociedad, sí se sembraron los anhelos de cambios más profundos”₁₁.

Referencias
 

1 Arciniegas, Germán. América mágica, las mujeres y las horas, Bogotá, Planeta, 1999, p. 15.

2 Durán y Lalaguna, Paloma. El voto femenino en  España, Madrid, Asamblea de Madrid,  Servicio de Publicaciones, 2007, p. 19.

3 Acevedo Carmona, Darío. “Betsabé Espinoza”, Especiales Revista Semana, diciembre de 2005.

4 Peláez Mejía, María Margarita. “Derechos políticos y ciudadanía de las mujeres en Colombia”, http://websuvigo.es/pmayobre

5 Jaramillo, Ana María,. “Industria, proletariado, mujeres y religión. Mujeres obreras, empresarios e industrias en la primera mitad del siglo XX en Antioquia”, en Las mujeres en la historia de Colombia, t. II, Bogotá, Editorial Norma, 1995, p. 407.

6 “Colombia 1930”, Credencial Historia, Edición 201, septiembre de 2006, Bogotá.

7 Peláez Mejía, María Margarita. Ibíd.

8 Citado por Ramírez Brouchoud, María Fernanda. Mujeres, política y feminismo en Colombia, 1930- 1957, “Todos somos Historia”, t. II, Vida del diario acontecer, Eduardo Domínguez (editor académico), Medellín, Canal Universitario de Antioquia, 2010, p. 237.

9 Nueva historia de Colombia, vol. IV, Bogotá, Editorial Planeta, 1995, p. 52.

 
10 Calibán fue el seudónimo de Enrique Santos Montejo en su columna de El Tiempo.

11 Archila N., Mauricio. “Colombia 1900-1930: la búsqueda de la modernización”, en Las mujeres en la historia de Colombia, Ibíd.