21 de noviembre del 2024
Según Portafolio, Airbnb pagó más de 21 millones de dólares en impuestos en Colombia, entre enero y mayo de este año. Foto: iStock
Según Portafolio, Airbnb pagó más de 21 millones de dólares en impuestos en Colombia, entre enero y mayo de este año. Foto: iStock
7 de Octubre de 2024
Por:
Maria Fernanda Herrera*

Uber y Airbnb son dos puntas de lanza de un movimiento que parecía no tener reversa. El camino, sin embargo, se les colmó de obstáculos en varias latitudes. 

El futuro de la economía colaborativa: ¿Adaptación o extinción?

 

 

EN LA ÚLTIMA DÉCADA, la economía colaborativa ha transformado radicalmente la forma en que las personas consumen bienes y servicios. Plataformas como Uber y Airbnb han sido pioneras en este modelo, en el que la tecnología conecta a los consumidores directamente con los proveedores, eliminando  intermediarios tradicionales y ofreciendo soluciones más flexibles. Sin embargo, este fenómeno disruptivo no está exento de controversias y desafíos, en particular en lo que respecta a la regulación y la adaptación a marcos legales que varían de un país a otro.

EL PANORAMA ACTUAL

El auge de esta dinámica obedece a la creciente digitalización y la penetración global de internet. Actualmente, existen alrededor de 9.800 empresas operando en 133 países y 25 categorías dentro de la economía colaborativa. Los consumidores están cada vez más inclinados hacia la conveniencia y la personalización, y han encontrado en estas plataformas una solución a sus necesidades de movilidad, alojamiento, domicilios y una amplia gama de servicios.

“La economía colaborativa es un modelo de negocio que ha crecido de manera importante, acercando a empresarios o a poseedores de bienes con consumidores finales. Se estima que ha crecido más de un 2.000 % en los últimos años en todo el mundo”, afirma Sebastián Chacón, director de la escuela de negocios del Politécnico Gran Colombiano.

Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estima que el mercado global de la economía colaborativa alcanzará los 335 mil millones de dólares en 2025, lo que destaca su importancia y relevancia en el mundo contemporáneo.

 

La participación de estas plataformas podría representar cerca del 0,2 % del PIB del país, generando más de 150 mil puestos de trabajo. 

En Colombia, este modelo ha comenzado a mostrar su impacto económico. Según Fedesarrollo, la participación de estas plataformas podría representar cerca del 0,2 % del PIB del país, generando más de 150 mil puestos de trabajo. “La economía colaborativa muchas veces funciona como un colchón, sobre todo porque tiene una capacidad de contratación muy rápida, que no tiene el resto de modelos. En Colombia, por ejemplo, nos ha servido para amortiguar problemas como el migratorio o el de la covid”, explica Cristina Fernández, investigadora de Fedesarrollo. Este modelo también plantea soluciones sostenibles: “Si alguien tiene un carro o una propiedad que no están siendo usados, esto permite darles un uso eficiente a estos bienes a través de estas plataformas”, sostiene. El fenómeno, sin embargo, ha traído consigo desafíos regulatorios importantes, por lo que los gobiernos hacen ‘maromas’ para equilibrar la innovación con la protección de los derechos de los consumidores y la competencia justa.

 

LA BATALLA POR LA INTEGRACIÓN

Desde su lanzamiento en 2009, Uber ha sido acusada de operar sin licencias adecuadas, evadir impuestos y contribuir a la precarización laboral de los conductores.

En ciudades como Londres, París y Nueva York, esa plataforma ha enfrentado prohibiciones temporales, demandas judiciales y la implementación de regulaciones más estrictas. A pesar de estos desafíos, la empresa ha logrado adaptarse, mediante la negociación con reguladores y la modificación de su modelo de negocio para cumplir con las normativas locales.

En México, por su parte, “hubo protestas a cargo de las industrias tradicionales de transporte; esto ha llevado a establecer una regulación mediante un fondo especial para que las plataformas aporten en temas de infraestructura”, destaca Chacón.

Airbnb ha sido criticada por su impacto en los precios de los alquileres y por la competencia desleal con los hoteles tradicionales.

Airbnb, por su parte, ha revolucionado la industria del alojamiento, permitiendo a los propietarios de viviendas alquilar sus espacios a turistas de manera temporal. Sin embargo, la plataforma ha sido criticada por su impacto en los precios de los alquileres a largo plazo y por la competencia desleal que supone para los hoteles tradicionales. Ciudades como Barcelona, Ámsterdam y San Francisco han implemen- tado regulaciones más estrictas, limitando la cantidad de días que una propiedad puede estar en alquiler a través de Airbnb y exigiendo a los propietarios cumplir con ciertos requisitos legales y fiscales.

El resultado es que tanto Uber como Airbnb han tenido que adaptarse, adoptando políticas más transparentes y colaborando con las autoridades locales.

¿SOBREVIVIRÁN A LAS REGULACIONES LEGALES? 

La respuesta es compleja y depende de varios factores. En Colombia, al igual que en el resto del mundo, la economía colaborativa recibió un impulso significativo durante 2020 debido a la falta de empleo. Este período crítico no solo impulsó la adopción de estas plataformas, sino que también abrió nuevas puertas a dinámicas sociales, empresariales y de crecimiento.

No obstante, la sostenibilidad a largo plazo de estas empresas dependerá de su capacidad para encontrar un equilibrio entre la innovación y el cumplimiento de las normativas legales.

Por eso, para los expertos es importante que los países avancen hacia regulaciones más modernas y acordes al mercado actual. “La economía colaborativa seguirá creciendo a pasos agigantados. Y no solamente en los sectores de alojamiento o transporte: ya ha llegado a otras industrias como la financiera, y esto implicará una regulación mucho más importante por parte de los Estados. Hay que ver cómo estos modelos conviven con sectores tradicionales que son muy regulados y que tienen unos costos transaccionales seguramente más altos”, destaca Sebastián Chacón. Dicha regulación, insiste, es clave para evitar que “haya vacíos en la libre y justa competencia con empresas tradicionales”.

Otro de los retos que enfrenta el modelo es lo que concierne al mercado laboral. Según Cristina Fernández, de Fedesarrollo, “en las economías desarrolladas donde las personas pueden conseguir un trabajo asalariado con mayor facilidad, se puede dar un deterioro del empleo, porque los trabajos en estas plataformas suelen ser más informales”.

En países como Colombia se recomienda considerar una flexibilización laboral para que más personas accedan a la formalidad: “La reforma laboral (del Gobierno Petro) plantea unos cambios para poder cotizar por horas. Esto es muy importante y eso puede hacer que las plataformas digitales se conviertan en un factor de formalización, en vez de un factor de informalidad”, asevera Fernández.

Ella añade que este cambio beneficiaría a muchos segmentos de la población: “A las mujeres, a los encargados del hogar y a los estudiantes, que muchas veces necesitan trabajos flexibles para cumplir con las labores de cuidado o con los estudios”.

La regulación no solo es necesaria para nivelar las condiciones competitivas, sino también para proteger al cliente. Chacón resalta: “Algo que trae la economía colaborativa es la confianza en el consumidor; esas estrellas o esas calificaciones que se dan por medio de los usuarios a los prestadores del servicio son, hoy en día, la mejor carta de presentación que pueda tener una empresa”.

Para el experto, de cara al futuro, es importante que las empresas tradicionales también se adapten a las nuevas condiciones del mercado. “El reto de estas industrias es implementar ese uso de la tecnología que apalanca la economía colaborativa y trabajar con ella; eso se traduce en mejor calidad, mejores precios y, seguramente, mejor servicio”.

En este contexto, la sostenibilidad a largo plazo de estas plataformas dependerá de su capacidad para adaptarse a estas nuevas realidades regulatorias. Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear un marco legal que no solo permita el crecimiento de esos negocios, sino que también proteja los derechos de los trabajadores y garantice la competencia justa con las empresas tradicionales.

*Periodista de economía en Valora Analitik.