Claves para combatir la deforestación en 2024
Para poder frenar la deforestación o al menos controlarla e incluso reducir su avance, es muy importante trabajar articuladamente e intra-sectorialmente a nivel local, regional y nacional. Y es fundamental hacerlo con metas comunes y metodologías convergentes en los siguientes temas prioritarios: primero, frenar la especulación de tierras, principalmente en los arcos de deforestación y en las zonas traslapadas con las reservas forestales. Segundo, generar acuerdos sociales e institucionales para una economía local y legal basada en la naturaleza. Tercero, transformar el sector agropecuario y productivo para que tenga en cuenta la biodiversidad y las necesidades de adaptación al cambio climático. Y cuarto, incorporar estándares ambientales y sociales —en particular la Acción Sin Daño— al sector infraestructura, para la realización de carreteras o vías públicas como son, por ejemplo, la marginal de la selva y la del corredor de la región de La Macarena al Parque Chiribiquete.
En lo referente a una economía local sostenible, se deben fortalecer y ampliar los acuerdos de conservación y promoción del buen vivir y de la prosperidad con las comunidades que habitan en las zonas donde se concentran las acciones de deforestación. Para establecer mecanismos de generación de ingresos verdes o basados en la naturaleza, es clave poner en marcha medidas como los núcleos de desarrollo forestal (entre otros) y propiciar el acompañamiento institucional en diferentes dimensiones pero, sobre todo, en el frente de la gobernanza local. Asimismo, es fundamental establecer y oficializar los canales de trazabilidad y monitoreo de los productos provenientes de dichos núcleos de tala —alimentos, madera, minería, etcétera— y de su cadena de comercialización.
En los últimos meses se inició una acción coordinada entre las ministras de Medioambiente y Agricultura. Eso tiene sentido, en tanto que los temas de reforma rural y acceso y regularización de la tierra son, de alguna manera, interdependientes con las acciones de conservación y medioambiente. Por ejemplo, en Guaviare, las Unidades Ambientales para la Paz y los Servicios Sociales (UAPSS) son ejercicios piloto que permiten implementar inversión social, así como regularizar o formalizar la tierra, y llegar a acuerdos de conservación con pagos por servicios ambientales, entre otras cosas. Lo anterior está estipulado en un Núcleo Veredal que incluye entre siete y 10 veredas. Se trata de un ejercicio que convoca no solo a las organizaciones comunitarias, sino también a las entidades de diferentes carteras del orden nacional, regional y local, a agentes de cooperación y a organizaciones de la sociedad civil. Es urgente que a ello se sume INVIAS y el Ministerio de Transporte, entre otros entes, pues la acción contra la deforestación tiene que ser conjunta entre todas las carteras.
Es de reconocer que la inversión social esté mejorando, al igual que algunos instrumentos financieros —como pagos por servicios y acuerdos de conservación—. Sin embargo, quienes están haciendo acuerdos de conservación son los pequeños productores, y a ello es primordial que se sumen los medianos y los grandes, así como las empresas, los comercializadores y los compradores.
De la misma forma, es imprescindible que se generen mecanismos financieros diferentes y diferenciales a manera de motores para una economía legal, socialmente incluyente, basada en la naturaleza. Para ello, es primordial que se involucre a las bancas centrales, así como las relacionadas con desarrollo y las privadas, junto con inversionistas, ministerios de Hacienda y tesorería, entre otros actores. Dichos esfuerzos convergerían en inversiones de impacto positivo. Y las negociaciones en el G20, pero también las que se surtan con gremios y el sector financiero, tendrían que incluir metas compartidas público privadas de cero deforestación y de ajustes macroeconómicos de fondo que busquen reducir el punto de no retorno que regiones como la Amazonia están alcanzando.
Por otra parte, hay que mejorar los mecanismos estatales de control a los delitos asociados con deforestación, desde su detección hasta la intervención y el desarrollo de procesos penales. En la actualidad, la judicialización de los crímenes ambientales y las medidas de control asociadas son muy limitadas frente a los denominados terratenientes fantasma. Hasta la fecha, no hay sentencias ejemplarizantes que empiecen a generar la diferencia.
A este análisis se tienen que añadir los crímenes fronterizos, en particular con la explotación de oro ilegal o de otros minerales preciados: en ese frente deben involucrarse entidades especializadas en crimen organizado y organismos internacionales como Interpol, entre otros. La trazabilidad de esa extracción ilegal debe incluir acciones contra personas, empresas y gobiernos regionales y globales que están comprando esos productos en el mercado negro o lavando de activos para favorecer otras economías.
Por último, es importante resaltar que los diálogos de paz, y por ende los acuerdos a los que se llegue, deben incorporar acciones enfocadas en proteger los recursos naturales. La paz territorial tiene que incluir a la naturaleza, pues los motores del conflicto están generando aún más degradación ambiental y social.
*CEO de WWF Colombia
