“No estoy aquí para salir en hombros”:
EL 10 DE SEPTIEMBRE, la administración de Claudia López radicó ante el Consejo de Bogotá el proyecto de Plan de Ortenamiento Territorial (POT) luego de que, en mayo, lo hubiera dado a conocer. Una apuesta ambiciosa que busca reverdecer la ciudad ampliando en 30 % la estructura ecológica principal y en 20 % las reservas distritales de humedal, entre otras acciones. Y aunque muchas de estas propuestas están en discusión por parte de los cabildantes la cartera ambiental ya ha recibido críticas y ovaciones en temas neurálgicos. Es el caso de la tala de árboles, el cumplimento de la sentencia del Río Bogotá, las obras de infraestructura en el Humedal Juan Amarillo, los acuerdos de conservación y compra de predios en la reserva Thomas van der Hammen, la protección de los Cerros Orientales y la calidad del aire, entre otros.
Pero la gestión en el distrito, en realidad, supera los límites de la ciudad y de la región: ante problemáticas globales como el cambio climático, o nacionales como la deforestación y la falta de protección a defensores del medioambiente, lo que se haga o deje de hacer en Bogotá tiene grandes repercusiones. REVISTA CREDENCIAL buscó por ello a Carolina Urrutia Vásquez, la actual secretaria de ambiente en el gabinete bogotano: para indagar sobre aquello que más quejas produce desde la ciudadanía, pero también por la mirada que esta politóloga con maestría en política pública le da a los principales temas ambientales del país. Al fin y al cabo, Urrutia los abordó desde diferentes perspectivas antes de liderar dicha cartera. Por ejemplo, en su momento dirigió Parques Cómo Vamos, así como el área de incidencia en la ONG Transforma. Asimismo, estuvo cuatro años al frente de la revista Semana Sostenible y otros dos en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
Comencemos hablando de Bogotá. La tala de árboles en la ciudad siempre ha sido un tema polémico para todas las administraciones y la de Claudia López no es la excepción. Desde hace meses hay fuertes reproches por la tala en la Avenida 68, ¿qué está pasando?
Desde que llegamos en 2020, trabajamos para asegurar que se ponga fin a la tala indiscriminada. Mientras ajustamos la norma en lo necesario, solo estamos permitiendo los tratamientos silviculturales que hacen falta, pero no todos los que se pidan.
Primero, le hicimos un llamado a las entidades públicas para que redujeran sus solicitudes de tala, integrando los árboles al diseño de las obras, pues muchos contratos que ya tenían diseños no tenían en cuenta el arbolado. Además, cuando llegamos nos encontramos con que las resoluciones de la 68 ya se habían otorgado y con que tenían errores: había direcciones erradas y las evaluaciones fitosanitarias (es decir, la salud del árbol) parecían haber cambiado en este tiempo. Cuando la comunidad nos alertó, junto con el IDU empezamos a revisar las resoluciones con mucho cuidado y a tomar en cuenta lo que decía la ciudadanía. Logramos reducir la tala en 32 %, es decir que evitamos que se talaran 652 árboles.
¿Por qué entonces la comunidad ha continuado con críticas y acciones que, de hecho, hicieron que la tala se detuviera por completo?
Por los tiempos de contratación, la propuesta fue ir arreglando las resoluciones y, mientras tanto, arrancar con las intervenciones que ya sabemos que necesitamos. Hubo un par de episodios donde los contratistas intervinieron árboles que ya tenían permisos, pero sobre los cuales no había acuerdo con la comunidad. Esto hizo que los ciudadanos se movieran mucho y lograran primero una orden de detener las intervenciones por parte de la Personería y después unas medidas cautelares de un juzgado. Ya salieron las nuevas resoluciones técnicamente robustas y basadas en los acuerdos con la comunidad, y confiamos en que el informe al juzgado resulte satisfactorio para la juez.
En cuanto a compensación, ¿existe un estándar de cuántos árboles deberían sembrarse si se tala uno?
Justamente estamos trabajando duro en un decreto que nos permita ser mucho más exigentes en cuanto a las medidas de compensación. En este momento se hace dependiendo de qué especie era, qué tan valiosa es en términos de biodiversidad, qué tan escasa es en la ciudad. Más o menos son 1,5 o dos árboles sembrados por uno talado, pero queremos dejar que siempre sean más y que el equilibrio final sea de cinco árboles sembrados por uno talado.
Y, ¿en qué va el decreto?
Estamos en el proceso de construcción junto con el Jardín Botánico. Aquí estamos produciendo normatividad local que va a adaptarnos y a mitigar la crisis climática, pero una visión cortoplacista puede hacer que la obra pública y privada se encarezca, así que hay que dialogar. Esto ha sido muy importante para mi gestión, y es que yo no estoy aquí para salir en hombros, este no es un despacho para hacer activismo, sino para dejar una ciudad que esté en mejores condiciones ambientales de las que encontramos. ¿Eso qué implica? Que yo no quiero sacar actos administrativos que van a pasar 15 o 20 años en pleitos judiciales. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos antes para que cuando salgan nos permitan implementar la normatividad, en vez de seguir en este rumbo pendular.
Hablando de acuerdos y participación, el de Escazú se hundió en el Congreso. ¿Colombia debería ratificarlo?
Desde la Cumbre de Río se establecieron los principios de acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales como los cimientos del desarrollo sostenible. Escazú revive esos principios no cumplidos y establece con claridad la responsabilidad de los Estados. Plantea tareas prioritarias para la defensa del medioambiente y para la protección de sus defensores. Estoy completamente a favor de su ratificación, pero ratificar es un procedimiento, después tenemos que volver operativos esos deseos, una tarea tremenda.
Queremos participación incidente y efectiva, pero en la región ningún país tiene resuelto un tema central: ¿cuánta participación es suficiente? ¿Tenemos que llegar al referendo por proyecto, como de alguna manera está pasando en México? Son preguntas operativamente difíciles.
Quizás en Colombia el mejor caso es la delimitación de páramos, donde los jueces han fallado que limitar la participación a las áreas directamente afectadas resulta insuficiente y se deben integrar a comunidades cuenca abajo. Estoy de acuerdo, pero si se considera, por ejemplo, incluir toda una cuenca como la del Río Magdalena va a ser tremendamente difícil que esos procesos participativos se logren financiar y que se realicen en los tiempos necesarios para tener normas claras y confiables.
La seriedad del tema nos exige que desde ya en el Gobierno nacional y en el Congreso se esté pensando en cómo se va a traducir Escazú en mandatos y reglas de juego claras que no acaben debilitando aún más a una institucionalidad ambiental que lucha por estar a la altura de los retos del siglo XXI.
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FOTO CORTESÍA |
Otro tema que es un reto enorme en Bogotá es la calidad del aire. En los rankings de ciudades del mundo y de Latinoamérica seguimos ocupando los primeros lugares en contaminación. ¿Qué se está haciendo en este sentido?
Hay muchos problemas ambientales muy graves en esta ciudad, sobre todo por la pérdida de espacios naturales. Pero, el problema ambiental y de pobreza más grave que tiene Bogotá es la calidad del aire. Las peores condiciones las tienen las zonas más pobres de la ciudad, por eso nos pusimos metas ambiciosas en términos de justicia ambiental. Nos comprometimos a bajar casi el doble de la contaminación en el suroccidente de la ciudad, que es donde tenemos la calidad del aire casi el doble de mala.
En el Plan Suroccidente estamos recorriendo esa zona de la ciudad cuadra a cuadra para lograr intervenciones puntuales que mejoren las condiciones de aire de la zona, como la pavimentación de vías estratégicas, la plantación de coberturas vegetales y la transición de pequeños negocios que aún usan carbón.
Hace unas semanas conocimos el sexto informe de evaluación del IPCC en el que se responsabiliza a las actividades humanas de buena parte del calentamiento de la Tierra. Las ciudades son clave para ayudar a frenar el cambio climático, ¿cuál es el plan?
Poco a poco las ciudades van albergando a más del 70 % de la población mundial y en ese sentido son el escenario donde se encuentran las decisiones energéticas, de transporte, infraestructura y residuos que más relevancia tienen en materia de gases de efecto invernadero. En Bogotá tenemos un plan de acción climática con base en un inventario de gases de efecto invernadero solo de la ciudad, en el cual nos damos cuenta con detalle que tenemos que priorizar acciones de mitigación en transporte, edificaciones y residuos.
En el transporte, desde el sector público hemos trabajado duro en la senda de la transición del Sistema Integrado de Transporte. El Concejo de la ciudad nos dio un empujón fuerte, ya que nos prohibió comprar buses que funcionan con combustibles fósiles a partir de enero de 2022. En términos de carga y privados la agenda es mucho más lenta. Por el lado de la carga estamos trabajando con la Financiera de Desarrollo Nacional para crear mecanismos financieros que le ayuden a los propietarios a cambiar sus vehículos.
En cuanto a edificaciones, hicimos una apuesta básica en el POT que se tiene que complementar con el Código de Construcción Sostenible para que realmente logremos imponer condiciones de sostenibilidad a todas las nuevas construcciones.
Y con respecto a residuos, requerimos una transformación absoluta del modelo en la ciudad. En la propuesta del POT cambiamos el esquema de relleno por un esquema de parque de innovación, en el que Doña Juana va a dejar de ser un lugar de enterramiento de residuos. Por supuesto, en toda la vigencia del POT, porque esos son cambios culturales que requieren tiempo.
Colombia se comprometió a reducir 51 % sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿el trabajo que ustedes están haciendo está articulado con lo nacional?
No lo suficiente. Nosotros, en el marco de la red C40, que reúne a las ciudades más grandes del mundo, hemos organizado algunos eventos para tratar de coordinar la acción climática de las ciudades del país. Creo que en general la forma en que se ha hecho gestión, monitoreo y seguimiento de los grandes proyectos de cambio climático en el país ha sido bajo una lógica, justamente, de grandes proyectos, un poco siguiendo el mecanismo de desarrollo limpio que había antes. Todos los gobiernos tenemos que focalizarnos y el nacional decidió priorizar, con justa razón y causa, la deforestación y los grandes proyectos de transporte, y está bien porque son en los que ellos invierten, pero las ciudades se quedan al margen, hasta cierto punto.
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“Estoy a favor de la ratificación de Escazú, pero ratificar es un procedimiento: después tenemos que volver operativos esos deseos, una tarea tremenda”, comenta Urrutia. FOTO JAVIER LA ROTTA |
A propósito de la deforestación, vimos que las cifras volvieron a aumentar. ¿Cuál es su percepción frente a lo que se está haciendo por frenarla?
La deforestación tiene sus raíces en el mercado ilegal de tierras y hasta que no logremos solucionar el catastro multipropósito y la acumulación ilegal de tierras no vamos a solucionar el problema. A mí me parece que el ángulo que está trabajando el Gobierno nacional es interesante, el de criminalizar la deforestación para tener alguna manera de perseguir estos delitos. Creo, sin embargo, que con un sistema judicial endeble como el que tenemos nosotros en el posconflicto va a ser muy difícil que las herramientas disuasivas penales sean lo suficientemente efectivas. Entonces, mi opinión es que la deforestación se tiene que resolver con una parte de política de seguridad, que es la que ha avanzado un poco y de manera exclusiva este Gobierno, y también con el conocimiento y el trabajo con los actores en el territorio, que es lo que están haciendo muchas organizaciones de coope- ración en proyectos chiquitos, pero que tiene que escalarse y conectarse con los mercados.
Pese a lo endeble que es nuestro sistema judicial, se podría decir que la creación de la Ley de Delitos Ambientales es un avance, ¿cómo lo ve usted?
Yo creo que es muy importante. La aplaudo y creo que ahora hay que salir a capacitar a los jueces porque en estos lugares donde tenemos los mayores problemas de deforestación va a haber un problema grave de conocimiento de la Ley. Así como hay mucha gente que se enteró diez años después que estaba dentro de un parque nacional. Aplica lo que decía Mockus de “compréndase, publíquese y cúmplase”. Entonces, la labor pedagógica tanto a los jueces como a la ciudadanía va a tener que ser muy fuerte para que no exista una defensa de desconocimiento de la Ley en términos ambientales. Una vez más, no podemos establecer normas sin darle fuerza a las instituciones que las hacen cumplir.
¿Qué viene para Carolina Urrutia después de la Secretaría?
Lo que más he extrañado estando aquí sentada es opinar. Extraño escribir. Extraño hacer televisión, creo que lo hacía bien (risas). Pero, la verdad es que uno estando aquí, está aquí. Es decir, no hay mucho tiempo para planear el futuro. Si pudiera encontrar una forma de abrir espacios de reflexión sobre la emergencia climática desde plataformas más amplias, sería ideal. Pero ¿quién sabe? Tengo 44 años, tengo hijos creciendo. No sé cuántas veces en la vida puede uno reinventarse.
*Periodista de medioambiente y exdirectora de Semana Sostenible.
| EL DEBATE DE ESCAZÚ |
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Las grandes decisiones ambientales colombianas tienen impactos en tantas capas sociales y económicas que no es extraño que generen disenso. El Acuerdo de Escazú, por ejemplo, impulsado primordialmente por organizaciones ambientales, apunta a que se garanticen, en América Latina y el Caribe, los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, entre otras acciones. Pero el debate sobre su ratificación encontró un muro en el Congreso de la República, pese a que el presidente ya lo había firmado. Entre las voces adversas a su ratificación se destacaron las de varios gremios económicos como Fedegán, la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP), la Federación de Aviculturas, y el mismo Consejo Gremial Nacional, que en diferentes comunicados expresaron que Colombia cuenta con “suficientes mecanismos de participación” y la inclusión de otros nuevos generaría “situaciones insolubles frente a proyectos que el país necesita”. Asimismo, han sido tajantes al afirmar que la protección ambiental está ampliamente garantizada por licencias ambientales, planes de manejo ambiental y guías ambientales, entre otros instrumentos y herramientas, además de las veedurías y la consulta previa.
Pero los gremios no han sido los únicos opositores a Escazú. Rafael Nieto Loaiza, por ejemplo, fue una de las voces férreas al respecto. Así se ve en su cuenta de Twitter, donde argumentó en su momento: “ El Acuerdo de Escazú es poco conocido por la opinión y por los empresarios, pero no dudo de que sería el puntillazo que acabaría con la posibilidad de desarrollar infraestructura, minería y agroindustria en Colombia. ¡El Gobierno tiene que despertar y bajarse de ese embeleco!”. Por su parte, el senador Ernesto Macías, del partido Centro Democrático, también afirmó que “el Acuerdo de Escazú no es la hecatombe que presagian algunos, ni la panacea que sueñan otros, si uno lee el tratado, Colombia tiene si no más del 90 % de la normatividad que está allí contenida en decretos, leyes, jurisprudencia, políticas del Estado en ese sentido”. Estas posiciones aún mantienen en la cuerda floja la adopción de este tratado en el país.
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