EDIFICIOS INSTITUCIONALES EN COLOMBIA

La presencia física del Estado se evidencia, entre otras cosas, en las diversas infraestructuras arquitectónicas y civiles que son importantes espacios de representación y por medio de las cuales aquel muestra sus múltiples complejidades y facetas.

Las infraestructuras arquitectónicas del Estado, por una parte, albergan los lugares para su funcionamiento y operación, y su presencia es tangible para el ciudadano; y por otra, le brindan al ciudadano servicios fundamentales, tales como educación, salud, cultura, entre otros.

El Estado constructor

Durante la mayor parte del siglo XX, la construcción fue uno de los papeles más importantes del Estado y lo asumió en los campos de la vivienda y de las infraestructuras arquitectónicas. Para estos desarrollos creó una serie de instituciones que estuvieron dedicadas a la planificación, gestión y realización de los diferentes proyectos que emprendió.

La arquitectura institucional en Colombia fue construida, durante casi todo el siglo XX, principalmente por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que fue sin duda la institución más importante en este campo, sin embargo, otras instituciones de carácter nacional también fueron constructoras o gestoras de infraestructura arquitectónica, ya fuera porque tuvieron su propio departamento de construcciones, o porque también desempeñaban esas funciones. Entre ellas se pueden mencionar el Instituto de Crédito Territorial (ICT), el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares (ICCE), la Corporación Nacional de Turismo (CNT) o el Banco de la República, por citar solo tres casos.

Muchos edificios institucionales fueron objeto de concursos organizados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Vale mencionar los concursos para los centros administrativos de Bogotá (Cuéllar Serrano Gómez), Cali (Esguerra Sáenz Urdaneta Samper y Ricaurte Carrizosa y Prieto) y Medellín (Lago y Sáenz y Fajardo Vélez & Cía.); también los de las sedes de la Caja Agraria en Barranquilla y Pasto (Fernando Martínez Sanabria y Guillermo Avendaño), varias sedes de Banco Central Hipotecario y los Edificios Nacionales de Manizales y Cali, entre otros. De esta manera en que el Estado construyó durante el siglo XX quedaron arquitecturas ejemplares, entre las que se destacan la Ciudad Universitaria de Bogotá, el conjunto de Estaciones de Ferrocarril que acompañaron las vías de conexión por todo el país de este tipo de transporte o el conjunto de Edificios Nacionales –antes nombrados Palacios Nacionales– que se ubicaron en la mayoría de capitales departamentales.

Una nueva forma de operar

El final del siglo XX fue, también, el final del Estado constructor, el cual comenzó un proceso de disolución de sus instituciones que le servían para tal fin, las cuales fueron desapareciendo paulatinamente, pero, especialmente, durante las dos últimas décadas. Las otras instituciones también fueron perdiendo sus funciones en el campo de la construcción.

Tras la disolución de las instituciones encargadas de hacer la infraestructura del Estado a nivel nacional, los gobiernos locales –alcaldías y gobernaciones– siguieron impulsando estas construcciones, algunas veces de manera individual, y otras, con ayuda del Estado Nacional. Por otra parte, el Estado se vio obligado a establecer por medio de intermediarios –como Fonade y la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA)– procesos de gestión para seguir construyendo las infraestructuras necesarias, las cuales fueron impulsadas, principalmente, a través de los diferentes ministerios.

En este sentido se puede mencionar la iniciativa, en Bogotá, de construir corredores viales exclusivos para el transporte masivo, la cual fue iniciada en 1999 y recibió el nombre de Transmilenio en razón del cambio de siglo. El proyecto realizado en Bogotá lo diseñaron los arquitectos J. Vera, F. Toro y G. Giraldo, ganado en concurso e impulsado por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (STTB). Posteriormente, iniciativas similares fueron apoyada e impulsadas por el Estado en ciudades como Cali, Barranquilla y Cartagena (2003), estas dos últimas con diseños de L. Álvarez, S. Trujillo y D. Suárez.

Entre las infraestructuras arquitectónicas para albergar instituciones del Estado se destaca la realizada por la Fiscalía General de la Nación, institución que nació con la Constitución del año 1991 y que construyó una serie de dependencias en todo el país. La sede de la fiscalía en la ciudad de Bogotá se ubicó en Ciudad Salitre, zona que se constituyó en polo de desarrollo de la ciudad al final del siglo XX, y en la que se habían ubicado con anterioridad la Embajada de los Estados Unidos y la Gobernación de Cundinamarca. El proyecto de la fiscalía lo realizó la oficina de arquitectura Contexto Urbano utilizando una de las supermanzanas dejadas en el proyecto urbano para este tipo de usos. Durante este siglo se han construido sedes en otras ciudades del país, entre las que se destacan la de Ibagué, de M. Buriticá y H. Vinasco, realizada en el año 2000, y la de Medellín, de J. F. Forero en 2004.

Por otra parte, la intervención realizada en 2005 por S. Vargas y M. Guerrero de la llamada Manzana Liévano, sede de la Alcaldía de Bogotá, permitió albergar dependencias de la administración que hasta ese momento se encontraban dispersas. Esta manzana, que había permanecido prácticamente vacía por cerca de medio siglo, recompuso los paramentos de las calles 10 y 11, próximas a la Plaza de Bolívar.

El Ministerio de Cultura gestionó y patrocinó proyectos de carácter urbano, como por ejemplo, en 2006, el Parque de la Música Mono Núñez, de D. Lehoucq, y la recuperación del espacio público en el centro histórico de Santa Marta de C. Cabal; en 2008, la recuperación del espacio público del centro histórico de Barranquilla adjudicada a OPUS Oficina de Proyectos Urbanos, que también, en 2010, realizó la rehabilitación del eje urbano de la Albarrada en Mompox, Bolívar; y en 2011 promovió la recuperación del espacio público de tres cascos históricos: Tenjo, por L. Castro; Pamplona, por V. Ortiz; y Buga, por M. Vallejo.

Probablemente, la operación más grande de renovación de la infraestructura administrativa del Estado fue la llevada a cabo por la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco, que ha promovido dos operaciones simultáneas: la renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) y el llamado Proyecto Ministerios, en el casco histórico de la ciudad. El primer proyecto fue promovido mediante un concurso privado en el que se asociaron firmas extranjeras con firmas locales, el proyecto ganador fue el propuesto por la unión entre la Office of Metropolitan Architecture (OMA) con los arquitectos locales L. Castro y J. Gómez. Este ambicioso concurso, de 2013, buscó renovar las infraestructuras administrativas de las entidades nacionales, sin embargo, ha sido muy polémico por el modelo de asociación planteado y por los alcances de la renovación, que en un momento dado afectaron a varios barrios vecinos del sector, e incluso a terrenos de propiedad de la Universidad Nacional de Colombia.

Por otra parte, el Proyecto de los Ministerios, realizado en concurso en 2014 y ganado por la asociación de J. P. Ortiz, Taller 301, Geografía Urbana y M. Uribe, ocupó el costado opuesto al Parque Tercer Milenio, sobre la carrera Décima, en un sector en el que la tabula rasa demostró no ser la mejor solución a los problemas sociales que venían acumulándose por décadas, pues la demolición de 26 manzanas del sector histórico de la ciudad al comienzo del siglo para dar paso a este parque, no ha podido encontrar las actividades necesarias para revitalizar el sector. Con el Proyecto Ministerios es posible que se le dé a esta zona la escala y la actividad que necesita con desesperación.

¿Hacia una arquitectura con obsolescencia programada?

El paso de un Estado constructor a uno que promueve y gestiona se dio en los primeros 15 años del siglo XXI. Sin embargo, el paso del manejo de algunas infraestructuras del Estado a manos privadas parece ser la lógica sobre la que opera la sociedad en Colombia hoy, y esto puede generar problemas desde el punto de vista de las infraestructuras arquitectónicas.

Las alianzas público privadas (APP) han establecido, a partir del año 2015, una nueva forma de hacer infraestructura por parte del Estado al recurrir a alianzas con la empresa privada para la construcción y la puesta en funcionamiento de la infraestructura. Este mecanismo requiere, por una parte, que la infraestructura que se ofrece sea suficientemente “atractiva” para la empresa privada, esto es que pueda obtener una rentabilidad suficiente, pensando, por supuesto, en sus propios intereses.

El peligro de estas formas de asociación es que pueden tener como resultado una arquitectura con obsolescencia programada. La arquitectura ya no está pensada en la duración en el tiempo (uno de los valores clásicos) sino, por el contrario, con una duración suficiente para el cumplimiento de los tiempos determinados en las APP. Este nuevo panorama pone a la arquitectura en un segundo plano, con una calidad disminuida, en la que ya no es más representación del Estado, sino que se trata de un servicio más que debe ser adquirido.