El precio de la democracia

Los más de 43 mil millones de pesos que costó la consulta liberal –incluidos más de 3 mil millones de pesos por reposición de los 690.435 votos válidos obtenidos– dividieron a la opinión pública. “Hay gastos más importantes” y “la democracia cuesta” fueron los principales argumentos, que desde las dos orillas del debate se repitieron desde que se supo que la Registraduría gastaría 40 mil millones de pesos en la jornada del pasado 19 de noviembre, hasta que se reveló el porcentaje de participación: 2,12% (744.521) de las 35’091.924 personas habilitadas para votar.

A pesar de la evidente abstención y de la realidad económica del país –que obligó a una reforma tributaria, a hacer recortes a la inversión y que presenta déficit pensional y mantiene en crisis al servicio de salud–, el artículo 258 de la Constitución colombiana establece que el voto es un derecho y un deber ciudadano. Por lo que, con debates o no, el próximo año se elegirán senadores, representantes a la Cámara y presidente. Como lo consagra la Constitución, el Estado tiene que velar por que el voto sea libre y secreto, y por tanto, destinar una buena cantidad de dinero para garantizarlo.

Más allá de los tarjetones

Para la Registraduría, el año electoral comenzó el pasado 4 de marzo con la publicación del calendario electoral, que establece, entre otras, las fechas para el registro de quienes aspirarán por firmas, la inscripción de ciudadanos para votar y la elección de jurados, tanto para los comicios del 11 de marzo, que definirán las curules del Congreso, como para los del 27 de mayo, cuando se celebrará la primera vuelta a la Presidencia.

Aunque la Registraduría no entregó el monto detallado que se destina, por ejemplo, a la inscripción de cédulas o a la capacitación de jurados de votación, el registrador distrital de Bogotá, Carlos Coronel, recientemente dijo a un canal de YouTube que el costo promedio de la verificación de firmas para la inscripción de candidatos a la Presidencia es de 500 pesos.

El 23 de noviembre se habían registrado 48 comités, que tendrán que recoger, cada uno, 386.000 firmas para que sus candidatos puedan participar en la contienda por la Casa de Nariño. Aunque usualmente muchos comités no cumplen con la entrega de las firmas, en el caso de que todos lo hicieran, la verificación costaría, según las cuentas del Registrador distrital, 9.264 millones de pesos. Sin incluir las firmas que se presenten para candidatos al Congreso. En este caso, hasta la misma fecha había 170 comités registrados.

Después de los trámites previos para las jornadas electorales, la Registraduría debe distribuir los kits de votación en todo el país y en los Consulados del exterior. Cada uno de los paquetes, que incluyen –entre otros– tarjetones, formularios, certificados, urnas y esferos, cuenta con un chip de seguridad y rastreadores que garantizan su localización. En resumen, cumplir con la elección del Congreso y la primera vuelta para la elección de presidente le supondrá en 2018 a la Registraduría 975.279 millones de pesos, frente a los 570.000 millones que costaron las elecciones en 2014.

¿Cuentas claras?

Independientemente de la retórica, los discursos, las propuestas y los programas de Gobierno, el desarrollo de la campaña marca la diferencia entre los candidatos que consiguen ganar y los que no. De ahí que la financiación de estas sea uno de los puntos en los que más centran su atención organizaciones como Transparencia por Colombia, que desarrolló el aplicativo Cuentas Claras (www.cnecuentasclaras.com), donado al Consejo Nacional Electoral y se convirtió en el medio oficial al que los candidatos y organizaciones políticas deben reportar sus ingresos y gastos en campaña.

Aunque la ley permite que las campañas sean financiadas tanto por dineros públicos como privados, el Consejo Nacional Electoral fija el límite de los gastos que cada uno de los candidatos y organizaciones pueden usar, y establece el costo que tendrá cada voto a la hora de la reposición de los gastos declarados. “Respecto de la financiación estatal, se pueden adelantar dineros a manera de anticipos de acuerdo con las solicitudes de las organizaciones políticas”, dice Álvaro Campos, asesor del Fondo Nacional de Financiación Política del CNE.

Para el próximo año electoral, el CNE fijó que los candidatos presidenciales que lo soliciten recibirán anticipos para la campaña de la primera vuelta por 6.598 millones de pesos; y para la segunda, por 3.962 millones de pesos. Un aspirante a la Casa de Nariño podrá gastar máximo 24.235 millones de pesos en la campaña de primera vuelta, y 3.962 millones de pesos en la de la segunda.

En 2014, el CNE pagó en reposición de gastos de las campañas presidenciales 48.470 millones de pesos y 100.465 para las de Congreso. El próximo año, por cada voto válido obtenido por los candidatos al Congreso se repondrán 5.642 pesos; para los aspirantes a la Casa de Nariño, por cada voto habrá 2.760 pesos si hubo anticipo y 5.625 si no lo hubo. En total, la entidad tiene presupuestados123.383 millones de pesos para la reposición de votos al Congreso y 62.715 millones de pesos para la de Presidencia.

Las regulaciones para 2018 establecieron que las campañas para Presidencia podrán gastar máximo 24.235 millones de pesos, en primera vuelta, y 11.335 millones de pesos en la segunda, mientras que cada una de las listas inscritas para el Senado tendrán un tope de 88.413 millones de pesos. La suma máxima que pueden gastar en su campaña los candidatos a la Cámara –dice Campos– depende del potencial electoral de cada departamento.

Pese a los topes, Sebastián Satizábal, investigador de Transparencia por Colombia, dice que en el país no existe un estudio sobre los costos reales de hacer una campaña. “La manera más fácil de acercarse al costo de una campaña es mirar cuánto registraron en Cuentas Claras los partidos en las elecciones de 2014. Sin embargo, si se va a la realidad, eso es solo lo que se reporta”.

De hecho, un análisis realizado por la organización sobre dichos reportes en las elecciones al Congreso de 2014 estableció que, pese a que ese año cada lista al Senado podía gastar máximo 74.053 millones de pesos –que se debían distribuir en partes iguales entre sus candidatos–, ninguna de las listas sobrepasó el 25% del tope. “El reporte tan bajo de los gastos por listas al Congreso, en comparación con el tope permitido por ley, y las quejas de que estos topes no se acercan a los gastos reales de las campañas –señala el documento–, lleva a preguntarse por la veracidad de los gastos que, tanto candidatos como organizaciones políticas, reportan a través de Cuentas Claras. Una forma de interpretar este reporte tan bajo podría ser que solo esos gastos son los que pueden ser soportados con la documentación necesaria para su soporte y auditoría por el órgano electoral”.

Uno de estos gastos sin soporte, dice Sebastian, es el pago a personas que aseguran tener la capacidad de conseguir cierta cantidad de votos en diferentes regiones del país. “Todo el mundo dice que el rubro en el que más gastan las campañas es en publicidad, y en Cuentas Claras generalmente es el que se registra como tal. Sin embargo, cuando se hace una indagación con las personas de los partidos, ellas dicen que el gasto de publicidad es el mayor reportado pero que quienes garantizan los votos son los que más plata demandan”. En pocas palabras, nadie puede saber cuánto recibe el simpatizante que le asegura a un candidato determinado número de votos.

El plan democracia

Con el fin de garantizar la seguridad y transparencia en los procesos electorales, la Fuerza Pública desarrolla cada año electoral su ‘Plan democracia’, que en 2018, contando las tres jornadas electorales, requiere de 60.060 millones de pesos, frente a los 50.497 millones de 2014.

Así las cuentas, si se suman los presupuestos de cada una de las entidades, el año electoral le costará a los colombianos, por bajito, poco más de un billón de pesos, una cifra por la que valdría la pena ejercer el derecho al voto y disminuir la abstención.

*Publicado en la edición impresa de diciembre de 2017.