“Hay que ser sensatos y hacer las cosas mínimas que el sector reclama desde hace 200 años”: Absalón Machado

¿Cuál es el problema de la tierra en Colombia?

Históricamente el problema ha sido la dificultad de los trabajadores agrícolas de acceder a la propiedad. Desde la era de la Independencia, la tierra ha estado concentrada en manos de pocos propietarios debido a que el Estado, durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, adjudicó los baldíos a propietarios que tenían recursos y podían comprar bonos de deuda pública. De esta manera, el Estado financió el déficit provocado por las guerras de independencia. Así, las mejores tierras fueron acaparadas por propietarios que no necesariamente las utilizaban productivamente. El acceso de los colonos a las tierras era muy marginal. Se estima que entre 1850 y 1950 solo el 10% de los baldíos fueron adjudicados a pequeños propietarios. Los dueños de las tierras, a su vez, no las han utilizado eficientemente. Muchos las han tenido como un activo de valorización para especular y enriquecerse haciendo negocios y pagando pocos impuestos. Otro componente del problema es la informalidad de los títulos, que afecta a poseedores de tierra que se convierten en ciudadanos de segunda categoría al no tener acceso a créditos, servicio y recursos del Estado. También están las tierras adquiridas por agentes del narcotráfico y del conflicto armado. Por último, la falta de conformación de un catastro que le permita al Estado tener información sobre la estructura de la propiedad, que le sirva de base para cobrar impuestos justos. Los impuestos prediales que se pagan en Colombia en el sector rural son muy bajos, por lo que esas tierras se valorizan con bajos impuestos.

Baldíos, concentración, informalidad en títulos y mal uso de tierras desde hace marras. ¿Por qué no se ha podido resolver de una vez por todas?

Porque no ha habido decisión política. Los diagnósticos no solo nacionales sino del Banco Mundial, la FAO y la Cepal, más las investigaciones y los pocos datos de censos agropecuarios, han mostrado esa estructura inequitativa y excluyente de la propiedad de la tierra, pero el Estado no ha querido resolverlo porque hay poderes políticos, en manos de los propietarios, que se reflejan en el Congreso, que han impedido que se afecte la propiedad de manera legal. Ninguno de los intentos de reforma agraria ha desconocido los derechos de propiedad.

En su libro cita la Ley 200 de 1936 expedida durante el gobierno de López Pumarejo. Esa ley ya hablaba de la función social de la tierra, de expropiación e incluso de extinción de dominio en tierras no explotadas. ¿Qué pasó con esa ley?

No se pudo aplicar. Tenía mucha resistencia de los propietarios que dominaban el Congreso en ese entonces. Se expidió, pero el Gobierno no tuvo recursos para hacer expropiaciones y comprar tierras. Se parcelaron algunas haciendas, fundamentalmente en Cundinamarca y Tolima. Además el Gobierno no tenía capacidad administrativa y técnica suficiente para adelantar un programa que implicaba una complejidad enorme. Entonces la ley, prácticamente, no se aplicó. En 1944, la Ley 100 echó para atrás la medida de la extinción de dominio a las tierras que en 10 años no hubieran sido explotadas y la aumentó a 15 años. Algo que tampoco se aplicó, salvo en el Gobierno de Lleras, con la reforma agraria de 1961, cuando se hicieron extinciones de dominio y el Estado logró recuperar muchas tierras que repartió. La Ley 200 se quedó escrita.

¿Pero la norma sigue vigente?

Está vigente, pero el Estado no la aplica porque no tiene la voluntad política y hay demasiadas fuerzas en contra de que se afecte la propiedad rural, de que se desconcentre y se entregue la tierra a quien la necesita.

¿Pero específicamente qué es lo que ha fallado?

Primero, no hay una capacidad política del Estado para contrarrestar los poderes individuales de los grupos de la sociedad que defienden ciertos intereses. Segundo, no ha habido una organización social en el sector rural suficientemente fuerte para contrarrestar esos poderes y que cuente con un apoyo nacional. La sociedad urbana no ha apoyado al sector rural. El día que la sociedad urbana se preocupe realmente por que se resuelva el problema rural, en este país se habrá resuelto el problema agrario. Me parece que los intentos han fracasado por eso y porque el Estado es muy débil e incapaz de tener una visión de desarrollo que imponga el interés colectivo por encima de los intereses particulares.

¿Cómo se puede implementar el primer punto del acuerdo de paz con las FARC de una manera equilibrada?

Lo primero es tener claridad de lo que hay que implementar. El problema surge cuando cada uno interpreta, a su manera, los acuerdos de La Habana. Es necesario un acuerdo sobre los mínimos que se deben poner a funcionar con el acuerdo de paz y empezar a hacer las cosas más importantes primero. Tampoco creo que el Gobierno tenga la capacidad de meterse a hacer todo de una sola vez. ¿Por qué no se trabajan los puntos fundamentales del acuerdo: fondo de tierras, formalización de la propiedad, actualización catastral y política de desarrollo rural? Empiecen por ahí. Pero si quieren meter, bien sea en un decreto ley o en un proyecto de ley, toda la problemática del sector rural, ahí nos perdimos. Hay que ser sensatos, tener una visión del momento que vive el país y sentarse a hacer las cosas mínimas que el sector está reclamando desde hace 200 años. 

*Publicado en la edición impresa de junio de 2017.