El 'boom' de las firmas

En las democracias, los partidos cumplen importantes funciones políticas y sociales. Organizan y ordenan los desarrollos propios de la vida pública. Sirven para que sectores populares conquisten el poder y lo ejerzan por intermedio de sus elegidos. Aseguran el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema y garantizan transparencia, porque los controles a que están sujetos (gobernabilidad) permiten verificar cómo se financian las campañas y toman decisiones que a todos nos importan. Se dice, inclusive, que son pilares de la democracia, sin los que esta no existiría.

Por ello la Constitución del 91 decidió reglamentarlos y otorgarles privilegios: el Estado los financia con sumas varias veces millonarias para su funcionamiento y les reembolsa parte apreciable de los gastos que realizan en sus campañas. También pueden inscribir candidatos a todas las elecciones sin que deban cumplir requisitos mayores (artículos 40, 107 a 112, 127, 262, 265). A pesar de lo anotado, los partidos no se modernizaron ni se democratizaron. Por el contrario, los tradicionales y los nuevos, que se crearon por las ventajas aquí resumidas, viven su peor momento. Son fábricas de avales y paraguas electorales de los aspirantes a cargos y puestos en las corporaciones públicas. Ahí radica su poder. Así ganan buena parte de la votación cautiva que manejan. La gran mayoría de sus elegidos son o se vuelven gobiernistas y conforman en el Congreso, las Asambleas y los Concejos las bancadas oficialistas que consiguen lo único que les interesa: cuotas burocráticas, contratos y ‘mermelada’, como se llaman ahora los antiguos auxilios parlamentarios: partidas del presupuesto que el respectivo gobierno discrecionalmente decide a qué obras o servicios se destinan. Con estas se alimenta la corrupción, porque quienes las consiguen escogen el contratista que las invierte y del que perciben recursos hasta para enriquecerse.

Partidos sin identidad

Hoy los partidos no tienen identidad ideológica ni programática. Cuando acceden al poder, no lo ejercen para el logro de propósitos que interesen a la opinión pública, que ya no representan, sino para satisfacer los apetitos de su clientela. Ahí está uno de los “caldos de cultivo” de la corrupción. Agréguese que como “dueños” del Congreso, renunciaron (abdicaron) al ejercicio de las atribuciones constitucionales y legislativas propias de las Cámaras y trasladaron al gobierno (que las usurpó), algunas de estas. Es lo que ordenaron el fast track y las facultades otorgadas al Presidente para expedir decretos-leyes, porque el Acuerdo firmado con las Farc exigía convertir de manera inmediata en norma jurídica sus 310 páginas. Además, sobre esos temas los partidos tampoco ejercen ningún control político. Ni siquiera hacen política: contratan encuestas, cuyos resultados convierten en decisiones. Así escogen sus candidatos a la Presidencia y quién encabeza la lista para el Senado (premio de consolación). Probablemente han violado el reglamento, en mayor o menor grado, pero, ni por esas ni por otras faltas, son sancionados porque el Consejo Electoral, autoridad que debería hacerlo, que es designada por el Congreso con base en candidaturas que únicamente los partidos pueden postular.

Firme aquí

Las anteriores son algunas de las causas del desarraigo que sufren los partidos, así como de su impopularidad: tienen el 87% de imagen negativa, más alta que la de las Farc. Para llenar el vacío que dejan y su falta de liderazgo, buen número de aspirantes al Senado, la Cámara y 29 a la Presidencia (algunos de los cuales tienen conocida actividad político partidista a nivel nacional) decidieron inscribirse por firmas, fórmula que la Constitución autoriza para facilitar la participación ciudadana en la vida pública (artículos 1, 40, 103 a 106). Las razones para optar por firmas son varias. En primer lugar, porque no quieren cargar con el lastre de los partidos. Consideran que les conviene aparecer como candidatos independientes que apoyan su aspiración política en amplio respaldo ciudadano. También porque, inscribiéndose así, no queden cobijados por limitaciones que tienen los candidatos de partido. Con el pretexto de recoger las firmas, presiden y participan en actos propios de toda campaña política. Abiertamente hacen proselitismo a favor de sus nombres. En cambio, quienes se inscriben con el aval de un partido, solo lo pueden hacer dentro de los cuatro meses anteriores a las votaciones. Así lo dispone la Ley 996 de 2005, artículos 2 y 24.

Los candidatos por firmas disponen, entonces, de más tiempo para adelantar sus campañas y desequilibrar reglas de juego que deben ser comunes a todos los aspirantes. Recoger más de 500.000 firmas tiene elevados costos económicos, pero nadie sabe cuál fue su monto, quién los aportó, ni en qué ni cómo se invirtieron, porque de estos no se debe rendir cuentas ante ninguna autoridad ni ante la opinión pública. Nadie los verifica ni les hace seguimiento, aunque son parte de los costos y gastos de una campaña presidencial, pero no hay norma que así los considere, por lo cual tampoco son rubro de las cuentas de esa campaña y en las que únicamente se incluyen los recursos captados y los gastos hechos a partir del día en el que el candidato se inscribió. Quienes se inscriben por firmas tienen por ello la posibilidad de invertir mayor cantidad de recursos que los permitidos a quienes lo hacen a nombre de un partido. Las ventajas anteriores no son despreciables y cuentan en la decisión de preferir las firmas.

El deterioro de los partidos no es nuevo. Si “tocó fondo” y es irreversible lo determinará el resultado de las parlamentarias del próximo mes de marzo, porque si eligen buen número de senadores y representantes, el Gobierno tendrá que contar con ellos para armar las mayorías que le aprueben sus proyectos en el Congreso. Y esas mayorías las conseguirá con cuotas burocráticas, contratos y ‘mermelada’. A través de ese tipo de prácticas, los partidos no se recuperarán ni serán lo que deben ser, pero lograrán sobrevivir por algunos años más.

* Exministro de Gobierno, exalcalde de Bogotá.

*Publicado en la edición impresa de octubre de 2017.