¿Qué ha pasado en otros países después de la dejación de armas?

El ejemplo de Nepal

Luego de un proceso de negociaciones que empezó en 2002, el 21 de noviembre de 2006, un año después de la culminación de una monarquía de más de 150 años, el gobierno nepalí y los rebeldes maoístas firmaron el Acuerdo de Paz Integral, que puso fin a un conflicto de 10 años que dejó alrededor de 13.000 muertos. El acuerdo incluyó la necesidad de crear una Asamblea Constituyente; la composición de un parlamento provisional, que reservó parte de los escaños al nuevo partido maoísta, y la asignación de algunos ministerios a los maoístas para construir un gobierno de coalición.

Casi 19.000 rebeldes fueron ubicados en cantones, donde recibieron formación y acompañamiento para la inserción a la vida civil. Las armas fueron guardadas en depósitos supervisados por Naciones Unidas, aunque algunos medios dicen que las entregaron todas. En compensación, el ejército guardó la misma cantidad. Las llaves quedaron en poder del nuevo partido político. Tres mil desmovilizados intentaron adherirse a las fuerzas armadas y 1.578 fueron rechazados por no cumplir con los requisitos mínimos. Los otros 15.630 escogieron la vía del retiro voluntario y recibieron un pago único, que osciló entre los 5.000 y 8.000 dólares. La ausencia de capacidades distintas a hacer la guerra ha resultado en que el 68% estén desempleados. Tan solo el 32% de los desmovilizados volvió a sus lugares de origen y, según varios medios y centros de análisis, solo alrededor del 30% sigue apoyando a sus partidos políticos. En 2013 se convocó una nueva asamblea constituyente para mejorar la debilidad de las políticas adoptadas, y hasta el momento no se han creado nuevos grupos armados.

Las dificultades en Irlanda

El proceso de paz en Irlanda del Norte se firmó en 1998, mediante el Acuerdo de Belfast, como resultado de un proceso de negociación de más de diez años entre los protestantes unionistas y los católicos independentistas, que tenían su brazo armado en el IRA. Aunque el acuerdo se firmó en 1998, el desarme solo se terminó de realizar en 2008, con una declaración del IRA sobre el cese definitivo del fuego. En consecuencia, los años siguientes a la firma del acuerdo inicial estuvieron marcados por ataques selectivos y procesos políticos inestables. En el acuerdo se estipuló un gobierno compartido, el cierre de cuarteles y la retirada del ejército británico, la liberación de los presos políticos de ambos bandos, la reforma a la constitución política, la construcción de instituciones británico-irlandesas, la construcción de una comisión de desarme, un foro ciudadano para la consulta de la toma de decisiones políticas y la amnistía para todos los combatientes que no tuvieran temas pendientes con la justicia.

El acuerdo fue sometido a un referendo. En Irlanda del Norte, más del 80% de la población electoral votó. El 71% de los votos fue por el Sí. En la República de Irlanda también ganó el Sí, con un 94%, aunque solo votó el 56% de la población electoral.

Aunque el acuerdo de paz generó en Irlanda del Norte la reducción de la violencia política, la inestabilidad de los acuerdos para un gobierno compartido ha dado paso a episodios de tensión, que recuerdan constantemente el conflicto inicial. Hoy se evidencia la incertidumbre que vive Irlanda del Norte por el referendo con el que el Reino Unido decidió separarse de la Unión Europea. ¿Qué pasará con Irlanda del Norte? ¿Continuará haciendo parte de la Unión Europea? ¿Se reactivarán las fronteras con la República de Irlanda? Este episodio podría reavivar el fuego en heridas que aún no sanan y todo puede deberse a una falta de perspectiva en lo acordado institucionalmente.

El Salvador: de la guerrilla a la violencia civil

El Gobierno de El Salvador y el grupo armado Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) firmaron un acuerdo de paz en 1992, en Chapultepec, México, para poner fin a un conflicto que llevaba doce años. El proceso empezó 8 años atrás y se concretó gracias al acompañamiento de la Misión de Naciones Unidas. El acuerdo permitió a la guerrilla constituirse en partido político; reformar las fuerzas armadas, para someterlas al poder civil; dar de baja a unos 20.000 soldados, que recibieron su respectiva indemnización; eliminar el servicio de intelegencia del ejército y crear la Policía Nacional Civil.

Los excombatientes volvieron al campo en 15 zonas especificadas para la repartición de la tierra, establecidas en los acuerdos. Los sistemas electoral y judicial fueron reformados, y se creó el Foro de Concertación Económica y Social, en el que participarían la sociedad civil, el Gobierno y la empresa privada. También surgió la Comisión de la Verdad, encargada de recibir denuncias e investigar violaciones masivas a los derechos humanos. Los guerrilleros dejaron sus armas en contenedores operados por la Misión de Naciones Unidas, salvo las armas ligeras de protección personal. En la negociación no se declaró el cese del fuego hasta la firma final del acuerdo de paz.

A pesar del acompañamiento internacional y de las reformas institucionales, El Salvador no ha podido salir de la violencia. La declaración de una amnistía general a militares y guerrilleros dejó el sinsabor de la impunidad. Los foros económicos funcionaron solo cuatro meses y, en consecuencia, el proceso de reconstrucción económica se detuvo. La proliferación de armas propició la aparición de las mafias del narcotráfico y la delincuencia común, que se vio reforzada con la creación de las pandillas organizadas más grandes del mundo: las temibles maras, que traspasaron sus propias fronteras.

Sudáfrica: la criminalidad disparada

Empezó su proceso de negociación en 1990 entre el Gobierno nacional (representante del apartheid) y el Congreso Nacional Africano. Con la liberación de los presos políticos y la convocatoria de la Iglesia para la celebración de la Conferencia de Paz, se dio inicio al Acuerdo Nacional de Paz, en el que se propusieron tres años para la consolidación de un acuerdo final de paz. Sudáfrica instauró un proceso de negociación multipartidista, y las siguientes instituciones para la amplia participación ciudadana y la reconstrucción de la verdad: una Comisión y un Secretariado Nacional de Paz, respaldados por once comisiones interinstitucionales regionales de paz, 260 comisiones locales y 15.000 monitores de paz. El acuerdo incluyó la organización de elecciones democráticas en 1994, gracias a las cuales Nelson Mandela fue elegido presidente. Durante su gobierno, de transición, se armó la Asamblea Constituyente y la Comisión Nacional para la Verdad y la Reconciliación. En 1996 fue aprobada la nueva Constitución.

El proceso no ha tenido todos los resultados esperados, por dos razones principales: el fracaso de la política de desarme (muchas armas terminaron en poder de civiles), y la imposibilidad de resarcir las desigualdades económicas de un amplio sector de la población. Esta mezcla ha tenido un impacto alto sobre los niveles de violencia: en 2013 se calculaba que existían más de 3 millones de armas ilegales y alrededor de 2,9 millones de armas legales registradas para 1,5 millones de personas, lo que significa que cada persona tenía, en promedio, casi dos armas en su poder. Según cifras entregadas por BBC Mundo, Sudáfrica tiene una tasa de criminalidad 4 veces mayor a la del resto del mundo, con una tasa de homicidios de 31 por cada 100.000 habitantes.

Angola y la crisis humanitaria

En conflicto angoleño comenzó el mismo año en que adquirió su independencia de Portugal, en 1975. Las fuerzas armadas del nuevo Gobierno nacional (MPLA) se enfrentaron con fuerzas armadas rebeldes (Unita) por el control político y económico del territorio. La confrontación duró 27 años, de los cuales los últimos 14 estuvieron matizados por un proceso de negociación de paz que terminó con la firma del Memorando de Luena, en 2002, que estableció el cese de hostilidades. Este conflicto dejó casi un millón de muertos, 4 millones de desplazados internos, más de 500.000 refugiados y un territorio repleto de minas antipersona. En el acuerdo se estipuló el acuartelamiento de las fuerzas armadas de Unita en 40 centros de recepción y transición, donde realizaron la entrega de armas y recibieron capacitación técnica para la reintegración a la vida civil. También se estipuló que miembros de Unita entraran a las fuerzas militares y de policía del Gobierno, según la disponibilidad, y que toda propaganda hostil cesara inmediatamente. Se acordó una reforma institucional y un calendario para dar cumplimiento a las necesidades del posconflicto.

Unos 5.000 miembros de Unita se unieron a las fuerzas armadas del Gobierno. Se presentaron 90.000 personas para la desmovilización (aunque se tenía conocimiento solo de 55.000 combatientes). En el proceso, solo se entregaron 30.000 armas. Muchas armas ligeras quedaron repartidas en todo el territorio, lo que complicó la situación de criminalidad y violencia.

Treinta campos de recepción de rebeldes fueron desmantelados anticipadamente, lo cual dificultó el cumplimiento de la transición, y precipitó una grave crisis humanitaria, avivada por la reducción de los recursos de cooperación una vez terminado el conflicto. Han retornado a su lugar de origen unos 2 millones de desplazados internos y unos 205 mil refugiados.

El camino colombiano

Las anteriores experiencias señalan que el acuerdo es necesario para la reconstrucción de un país atravesado por un conflicto armado. Para que tenga sentido, el acuerdo debe lograr un impacto simbólico y cultural en las prácticas ciudadanas, y para ello se requiere un gran ejercicio de alfabetización y participación en el que se esclarezca la verdad y se dicten las medidas de reparación y reconciliación.

Es necesario la disposición para reconocer a los desmovilizados y dar así la posibilidad a la reintegración a la vida civil. Es muy importante la justicia a las víctimas, acompañada de verdad y garantías de no repetición. Es vital el control sobre el destino de las armas y el monitoreo de la actividad de los desmovilizados. Igualmente, la participación política de los grupos antes armados. El acuerdo brinda la posibilidad de hacer política sin armas, uno de los fines de cualquier dejación de armas, pero esto no significa el respaldo automático de los antiguos combatientes. En Nepal, el 70% de los desmovilizados no apoya a su grupo político.

Por último, es esencial que se generen oportunidades de empleo y sostenibilidad económica de las regiones, de manera que la desmovilización no derive en la formación de bandas criminales, que es uno de los grandes temores de los colombianos.

*Publicado en la edición impresa de julio de 2016.