Los dilemas del cese al fuego

Las modalidades de cese al fuego son tan diversas como lo son el tipo de conflictos en los que se aplica. Unos son entre países; otros entre grupos nacionalistas irregulares que enfrentan a los gobiernos; otros, organizaciones transnacionales que golpean, indistintamente, en diversas naciones. Las motivaciones también son de diferente índole: desde políticas, ideológicas, sociales y territoriales hasta religiosas o raciales, o la mezcla de varias. Y estos altos al fuego pueden ser unilaterales o pactados entre las partes.

La regla en materia de cese al fuego es, entonces, que no hay regla. Cada uno responde a las necesidades y particularidades del respectivo proceso y a la correlación de fuerzas entre las partes. Y la razón es obvia: si se trata de ponerle fin a un conflicto por medio del diálogo, detener esa confrontación es una de las concesiones más importantes que una parte hace a la otra. Y, lamentablemente, ninguno quiere renunciar a la posibilidad de golpear al otro. Pero en medio del conflicto, como siempre ocurre, además de las pérdidas irreparables de vidas humanas, la población civil es la más afectada. 

De El Salvador a Nepal 

Dicho lo anterior, en la mayoría de los casos en el mundo, durante las últimas décadas, esos altos al fuego se han pactado o aplicado en la fase final de las negociaciones: poco antes de la firma de los acuerdos de paz o simultáneamente con la suscripción de estos y su entrada en vigencia. 

Es el caso de El Salvador, en donde el Gobierno y la guerrilla del FMLN aplicaron un cese al fuego bilateral como parte del acuerdo de paz que se firmó en enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, México. 

En Filipinas, donde se dieron distintas fases del proceso de paz entre 1996 y 2013, hubo de todo en materia de alto al fuego: suspensión unilateral de operaciones militares del Gobierno en 2001, acuerdo de seguridad entre este y las fuerzas irregulares para permitir las elecciones nacionales y locales de 2013 y, finalmente, un cese al fuego pactado entre la guerrilla islámica y el gobierno de Benigno Aquino.

Y si profundizamos en los detalles de cada proceso, nos encontramos, por ejemplo, que en Nepal, donde hubo conversaciones de paz a partir de 2002 entre la guerrilla maoísta y la monarquía que entonces detentaba el poder, se pactaron varios altos al fuego que se rompieron por distintas razones hasta 2006, cuando se firmó la paz definitiva que puso fin a un conflicto de 10 años. La ONU supervisó la reintegración de la guerrilla a la vida civil. 

El caso de Colombia

En el país, durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria (entre 1986 y 1994), mediante acuerdos de paz, se desmovilizaron y reintegraron a la vida civil y democrática más de 6.000 guerrilleros de cinco agrupaciones: M-19, EPL, Quintín Lame, PRT y CRS. En ese entonces la condición impuesta por los gobiernos a las guerrillas que quisieran hacer la paz mediante el diálogo, fue que debían mostrar su voluntad de reconciliación al cesar de manera unilateral sus acciones armadas contra la fuerza pública, los civiles y la infraestructura del país. 

Así, las conversaciones de paz de entonces se desarrollaron a partir de un cese unilateral de acciones y hostilidades de estos grupos, y la localización de su fuerza armada en sitios pactados con el Gobierno y custodiados por la Fuerza Pública. El más conocido fue Santo Domingo, Cauca, donde se instaló el máximo jefe del M-19, Carlos Pizarro, con su estado mayor por más de un año. En ese lugar se llevaron a cabo las conversaciones que permitieron la desmovilización y reintegración a la vida civil de los integrantes de este grupo.

¿Y las Farc?

En el proceso de diálogo que se lleva a cabo actualmente en La Habana con las Farc, en materia de cese al fuego el presidente Santos ha sido claro y coherente. Ha dicho que debe ser bilateral, definitivo y verificable, y pactarse en la etapa final del proceso. 

Es el punto de llegada de las conversaciones y no el de partida. Fue el de partida en el anterior proceso de El Caguán, durante la administración de Andrés Pastrana (1998–2002), y la experiencia fue negativa. Las evidencias conocidas al final del proceso mostraron que las Farc no solo usaron el territorio de El Caguán como un entorno seguro para los diálogos, sino también para fortalecerse en lo militar y financiero, lo cual era totalmente contrario al espíritu de lo pactado. 

En los diálogos actuales no hay esa ventaja militar a las Farc y el presidente Santos ha mantenido su posición. Hoy se está hablando de cese al fuego bilateral, y tanto el Presidente como el jefe negociador, Humberto de la Calle, han insistido en dos asuntos clave: que sea definitivo y verificable. Eso quiere decir que se hace para permitir la desmovilización, dejación de armas y transformación de las Farc en organización política legal (definitivo); y que incluye la ubicación de todos sus guerrilleros en sitios previamente convenidos y con verificación nacional e internacional. O sea, el cese al fuego bilateral es parte de un acuerdo general para ponerle fin al conflicto.

En Colombia hay otros grupos ilegales que delinquen, y es responsabilidad del Gobierno y el Estado brindar seguridad y protección a los colombianos. Por eso, lo procedente es la ubicación de la fuerza de la guerrilla en sitios convenidos con el Gobierno y no el cese al fuego estatua, que significa que la guerrilla se queda quieta en sus campamentos y los militares no salen de sus cuarteles. De igual manera, se busca que cesen sus acciones no solo contra la Fuerza Pública, sino contra los civiles y la infraestructura del país.

Esta discusión marca el inicio de la última y definitiva etapa del proceso de paz. Y es tiempo de que las Farc sean inteligentes y reflexionen más allá de sus ceses al fuego unilaterales, que son importantes pero transitorios. ¿De qué les sirve una arremetida como la de las últimas semanas, que ha dejado muertos, varios departamentos sin luz, Tumaco sin agua durante semanas y el mayor daño ecológico de Colombia en su historia? ¿Para qué tanto dolor y sufrimiento a tanta gente? Con ello no han ganado nada en la mesa de negociación y, de cara a su futuro como organización política, han perdido mucho. ¿Alguien va a votar por ellos en Tumaco? ¿Lo van a hacer los pescadores del Pacífico que quedaron sin sustento?

El ejemplo del M-19

La historia es siempre buena consejera. El caso del M-19, por ejemplo. Antes de la dejación de armas y su transformación en grupo político legal, llevaba casi dos años en cese al fuego, sin acciones ni hostilidades de ningún tipo. Y esto fue lo que los colombianos valoraron –sus gestos de paz y reconciliación– cuando votaron por su lista a la Constituyente, encabezada por Antonio Navarro, con la que igualaron en votos a liberales y conservadores, dos partidos históricos con más de 150 años de trayectoria en ese momento. Lo que los colombianos premiaron con sus votos fue su coherencia y compromiso sincero con la paz. 

En Colombia, como decía García Márquez, estamos curados de espantos. Aquí no gana el que intimida; de hecho, siempre pierde. En cambio sí moviliza el que es generoso y coherente con los hechos de reconciliación. No por azar el mayor anhelo que tenemos es la paz. Ojalá los jefes guerrilleros en La Habana entiendan esto por fin. Hoy más que nunca se requieren hechos concretos de paz y no bombas ni asesinatos. Es lo que quedará en la memoria de los futuros votantes, tanto del referendo por la paz (si tiene lugar) como de las elecciones nacionales y regionales. Se impone el cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo, como elemento fundamental de los acuerdos para el fin del conflicto y la transformación de las Farc en una organización legal con sus respectivos derechos y deberes democráticos. Podrá hacer política, pero sin armas.

*Publicado en la edición impresa de agosto de 2015.