¿Cuánto vale la paz en Colombia?
El debate político ha comenzado a girar sobre las posibilidades de progreso y bienestar que la paz abrirá a Colombia. Los planteamientos sobre el futuro del país después de la desmovilización de la guerrilla han estado dominados más por los buenos deseos que por una evaluación cuidadosa del escenario que crearía la disolución del grupo armado. Este sesgo en el análisis de los ‘retos de la paz’ resulta evidente cuando se discute el futuro del aparato de seguridad. Para bastantes, el final del conflicto debería significar el completo desarme del Estado. El modelo sería la Costa Rica desmilitarizada, y el premio, un supuesto ahorro de más o menos el 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) que dejaría de invertirse en defensa para destinarse a otros menesteres, desde educación hasta pensiones. La pregunta es si esta opción es viable y conveniente.
En principio, la posibilidad de hacer realidad este ‘dividendo de la paz’ depende de tres cuestiones. Por un lado, la idea de que Colombia realizó una sobreinversión en el sector defensa durante el periodo en el que ha enfrentado a las Farc y no tiene sentido continuar destinando estos recursos extra a la Fuerza Pública una vez que la organización terrorista se disuelva. Por otra parte, la condición de que el acuerdo con las Farc garantice su desarme completo e irreversible. Por último, el hecho de que la única necesidad de seguridad del país es la lucha contra la guerrilla con lo que la desmovilización haría innecesario el gasto en defensa. El problema es que estas premisas son cuando menos discutibles y en algunos casos sencillamente falsas.
Para empezar, resulta difícil calificar de exagerada la inversión en defensa realizada por Colombia para combatir el terrorismo. A finales de los años 80, enfrentado a una guerrilla no muy distinta de las Farc, el gobierno de El Salvador invertía en defensa más del 7,5% del PIB. Entretanto, en ese mismo periodo, el ejecutivo colombiano destinaba a la seguridad un magro 1,5%. Así las cosas, cabe preguntarse si el crecimiento del gasto militar desde finales de los 90 no debería interpretarse como la normalización de un rubro del gasto público que había permanecido anormalmente bajo, en lugar de verlo como una escalada de carácter puntual. En otras palabras, se podría considerar que el actual nivel de los presupuestos de seguridad es el esperable en un país con la posición estratégica de Colombia.
Por otra parte, la perspectiva de que un acuerdo con las Farc garantice su completa desmovilización es poco realista. De hecho, el más probable resultado de las conversaciones será la división de la organización. A un lado quedarán los pragmáticos dispuestos a abandonar las armas a cambio de una amnistía y concesiones en el ámbito agrario. En el otro extremo se situarán los radicales y quienes han hecho del narcotráfico su forma de vida, que optarán por continuar con la violencia. En consecuencia, el Estado necesitará un aparato militar para enfrentar a los irreductibles y someterlos a la ley.
Y parece indiscutible que Colombia enfrenta desafíos de seguridad distintos de las Farc que requerirán el mantenimiento de un aparato militar y policial efectivo. Tras el desarme de esta guerrilla, todavía será necesario confrontar al Eln y a las bandas criminales. De igual modo, el narcotráfico continuará siendo una amenaza capaz de generar enormes dosis de violencia. Entretanto, el control de las fronteras se mantendrá como una tarea clave para blindar al país de potenciales brotes de inestabilidad en los países vecinos. Todo ello sin olvidar que Colombia estará obligada a participar en operaciones de mantenimiento de la paz si quiere jugar el papel internacional que le corresponde. En resumen, de cara al futuro, la seguridad seguirá siendo una necesidad que demandará recursos presupuestales.
Todo lo dicho no quiere decir que un acuerdo con las Farc no abra nuevas oportunidades de desarrollo para el país. Un escenario más estable y unos niveles de violencia menores estimularán la inversión y el crecimiento económico. Pero incluso si se logra el compromiso de desmovilización más inclusivo posible, el país seguirá enfrentando amenazas y retos que demandarán unas Fuerzas Militares y una Policía eficaces. Así las cosas, desmantelar el aparato de seguridad después del desarme de la guerrilla equivaldría a poner en riesgo la recién estrenada paz.
Colombia y el postconflicto
En la misma edición, los colombianistas Malcolm Deas y Daniel Pécaut se aventuraron a pronosticar cómo sería el postconflicto, estas son sus respuestas:
¿La paz con las Farc significará el fin de la violencia en Colombia?
Malcolm Deas: No, pero contribuirá mucho a disminuirla. Son muchos los nexos entre la violencia del conflicto y las otras violencias que padece el país, como ha mostrado entre otros Mauricio Rubio. Lograr un acuerdo con la guerrilla no disminuye la necesidad de las mejoras en seguridad, en justicia, policía y presencia militar: la experiencia muestra que las desmovilizaciones pueden aumentar la criminalidad. Pero estos acuerdos son esenciales para garantizar a los colombianos sus derechos constitucionales, empezando por el derecho a la vida, por todo el territorio nacional.
Si se llega a la paz, ¿cómo sería el posconflicto?
Daniel Pécaut: No significaría el fin de los problemas. Basta mirar lo que pasó en el Salvador o en Guatemala. Bien podría acontecer un aumento provisional de la violencia y una multiplicación de grupos criminales con participación de exguerrilleros, exparas, etc. No les faltarán recursos para seguir, desde los del narcotráfico hasta los vinculados con la actividad minera. Sin embargo un acuerdo facilitaría el fortalecimiento institucional, la posibilidad de aumentar los gastos sociales y, quién sabe, dar pasos hacia una disminución de las desigualdades. Si se consiguiera un acuerdo, la noción de democracia podría volver a tener su pleno significado. Llevaría a la posibilidad de diferenciar claramente la violencia delincuencial de la política.
